El 8 de julio, el alcalde Mauricio Rodas anunció que una comisión técnica evaluaría las ofertas presentadas para la construcción de la segunda fase del proyecto del Metro.

Lo dijo un día después de que 4 consorcios presentaran sus propuestas para ejecutar la obra, las cuales superaron en todos los casos los $ 1.500 millones previstos para la totalidad del sistema.

Rodas fijó en 2 meses el plazo para que los miembros de la comisión establecieran las razones para que las ofertas fueran más altas que el precio referencial entre $ 501 millones y $ 1.430 millones.

Adicionalmente, la autoridad capitalina aseguró que iniciaría acercamientos tanto con el Gobierno Central como con los 4 organismos multilaterales de crédito, que han comprometido recursos para edificar la obra. El objetivo de esto era obtener mayor financiamiento.  

Sin embargo, 23 días después ni la Empresa Metropolitana Metro de Quito ni la Alcaldía han emitido todavía un pronunciamiento oficial al respecto. Incluso fuentes municipales señalaron ayer que no tenían conocimiento de que en los próximos días fuera a producirse alguna información al respecto.

Adicionalmente, a inicios de este mes el Concejo Metropolitano aprobó la propuesta de la Alcaldía de reducir el presupuesto anual de la empresa Metro de Quito de $ 378 millones a $ 82 millones.

Alexandra Pérez, administradora general del Municipio, justificó esto en que las propuestas para la continuación de los trabajos todavía se están analizando y que, por tanto, “durante este año no se prevé realizar mayores egresos sobre el proyecto”, en alusión a que la Fase II no está presupuestada para la parte final de este año.

Este martes el concejal Antonio Ricaurte, integrante de la alianza SUMA-VIVE que apoya a Rodas, afirmó a EL TELÉGRAFO desconocer cualquier información relacionada con el informe que está elaborando la comisión técnica sobre las propuestas de la segunda parte.

Y aseguró que por ello planea acudir hoy a Empresa Metropolitana Metro de Quito para pedir a su gerente, Mauricio Anderson, que exprese algún tipo de definición sobre la temática. “Es necesario que la ciudadanía sepa si el Metro se va a construir o no y en qué condiciones”, afirmó.

El edil añadió que su criterio de que la construcción del proyecto resulta inviable financieramente para la ciudad no ha variado. Según Ricaurte, la operación del sistema de movilidad requeriría de un subsidio de “$ 1 millón diarios, lo que resulta insostenible”.

Por ello insistió en que deben contemplarse otras opciones como un tren ligero, cuyo costo -aseguró- sería de $ 800 millones.

No obstante, este criterio no es compartido por el concejal en representación de Alianza PAIS (AP) e integrante de la Comisión de Movilidad del Concejo, Patricio Ubidia.

Insistió en la capacidad única del Metro en convertirse en eje vertebrador del sistema metropolitano de movilidad de cara al futuro. Ubidia también consideró que la Alcaldía debe plantear un proyecto integral de movilidad y visualizó al proyecto en él.