La detención desde noviembre en España de Rodrigo Tacla Durán (43 años), contador de Odebrecht, aportaría información sobre casos de corrupción en los que estaría involucrada la constructora brasileña.

Tacla Durán estaría negociando con la Fiscalía española la revelación de datos sobre obras adjudicadas de manera irregular en América Latina en las que Odebrecht está asociado a compañías ibéricas.

La meta del ejecutivo hispano-brasileño, revelaron ayer diarios españoles, sería evitar su extradición al país sudamericano, donde se inició la investigación del que ya es considerado como el mayor escándalo en la historia de la región.

El periódico El Confidencial dijo que “entre los proyectos que están bajo sospecha por las comisiones que pagaba Odebrecht a cambio de adjudicaciones públicas, hay varios en los que también participaron grandes constructoras y concesionarias nacionales, como el Metro de Panamá, el Gasoducto Sur de Perú y el Metro de Quito (Ecuador)”.

La construcción del sistema  subterráneo de  transporte de la capital ecuatoriana fue adjudicada por la Alcaldía de Mauricio Rodas, en octubre de 2015, al consorcio conformado por la compañía brasileña y la española Acciona.

La relación entre ambas compañías es investigada por las fiscalías de Ecuador y Colombia desde el 22 de febrero pasado. Esto porque Odebrecht consiguió en 2014 el contrato para dragar y encauzar el colombiano río Magdalena, luego de que Acciona se retirara súbitamente de la licitación.  

En el Ecuador, en cambio, la brasileña comunicó al Cabildo su intención de apartarse del consorcio del Metro en septiembre pasado. El Municipio espera que los 4 multilaterales que financian la obra den su visto bueno a la reestructuración.

En la campaña electoral y en los primeros meses de la administración Rodas, su aliado político Antonio Ricaurte emprendió un ataque mediático contra el proyecto.
Ricaurte incluso llegó a decir que era un secreto a voces que el contrato de la obra sería adjudicado a la empresa brasileña.

Entre tanto, el arranque de la segunda fase del Metro, programado para mediados de 2014, afrontó una serie de retrasos y solo se concretó el 19 de enero del año pasado.

Antes, la apertura de las ofertas de los cuatro consorcios calificados mostró una diferencia de entre $ 500 millones y $ 1.500 millones entre las propuestas y el presupuesto referencial establecido.

Tras ello, la Alcaldía sostuvo el proceso adjudicatorio y empezó a buscar recursos para cubrir la brecha presupuestaria, calculada en base de la oferta con el menor precio: la entregada por el consorcio hispano-brasileño.

El ejecutivo capitalino consiguió que el Concejo Metropolitano aprobara la contratación de un crédito para tapar el hueco financiero el 31 de agosto de 2015.

Revelación de red de corrupción

La sospecha sobre posibles irregularidades en la Fase II del Metro se dispararon luego de que el Departamento de Justicia de EE.UU. revelara, en diciembre, una red de corrupción montada por Odebrecht.

La entidad dio a conocer que la firma brasileña entregó coimas por $ 788 millones en 12 países de América Latina entre 2001 y 2016. Los recursos habrían servido para garantizar que la constructora obtuviera contratos estatales.

En Ecuador, la cifra de las coimas habría alcanzado $ 33,5 millones entre 2010 y el año anterior.

El 6 de enero pasado, la Policía ecuatoriana detuvo en el aeropuerto Mariscal Sucre a Mauro T.,  cercano al alcalde de Quito. El ciudadano es investigado por presunta defraudación tributaria al haberse detectado movimientos por alrededor de $ 6 millones en sus cuentas bancarias de 2010 y 2016.

El acusado dice que el dinero proviene de la venta de unos terrenos fraccionados de una propiedad donada por su padre. Sin embargo, las autoridades continúan investigando el origen de los recursos y no se descarta una posible vinculación con el Metro.

Rodas reconoció que Mauro T. intervino durante su campaña electoral y participó como asesor político y estratégico ad honorem durante su Alcaldía.

Del mismo modo, el Gobierno Nacional reveló a mediados de enero que el excandidato a asambleísta alterno Jacobo Sanmiguel registraba movimientos financieros por alrededor de $ 30 millones en los últimos años.

Sanmiguel intervino en las últimas elecciones por la alianza formada por el movimiento CREO, del aspirante presidencial Guillermo Lasso, y SUMA, del alcalde Rodas.

La asambleísta reelecta María José Carrión, presidenta de la Comisión de Fiscalización, mostró el 18 de enero documentos que prueban que Sanmiguel y Rodas viajaron a Brasil antes de la posesión de este.

“Este viaje lo realicé acompañado de un concejal que también acababa de ser electo en su ciudad y de dos profesionales que posteriormente serían designados funcionarios de mi administración municipal”, reconoció Rodas el mismo día a través de un comunicado de prensa.

Negó, sin embargo, cualquier contacto con funcionarios de Odebrecht durante el viaje. En tanto, Sanmiguel afirmó que el dinero de sus cuentas proviene de un negocio familiar. (I)

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El fiscal Chiriboga dice que pidieron información completa a Odebrecht

El fiscal general del Estado, Galo Chiriboga, manifestó el jueves que entre las condiciones del acuerdo con Odebrecht consta la entrega de nombres, cuentas, contratos y la trazabilidad del dinero para perseguir las infracciones. “Analizando más de 30 contratos” que se “investigan” desde 2007, señaló en una entrevista dada al canal Ecuavisa.

Para cerrar este acuerdo aún existe un tema pendiente, que es el pago de una posible indemnización al Estado ecuatoriano por parte de la constructora brasileña.

La Fiscalía espera que la Procuraduría General del Estado fije el monto que le correspondería pagar a Odebrecht como rezarcimiento al país.

No obstante, el procurador Diego García sostuvo en declaraciones al portal web Ecuadorinmediato.com que las indemnizaciones no son competencia de esa institución.

Específicó que “la competencia del cálculo correspondería a las autoridades de las instituciones que hayan suscrito los contratos y que de esos contratos hayan surgido perjuicio a esas instituciones”.

“No es la Procuraduría General del Estado la que definirá el valor de las indemnizaciones, el valor de las indemnizaciones tiene que definirse de la información que se ha pedido a Odebrecht, respecto a la identificación de los contratos y de las entidades que los hayan suscrito”, explicó García.

El procurador y el fiscal no especificaron fecha para la empresa contratista brasileña Odebrecht envíe la información de los contratos, montos de sobornos y nombre de involucrados en este caso.

El 24 de este mes, Chiriboga se reunirá en Quito con los fiscales de Colombia y Perú. Esta es la cuarta reunión que mantendrá con estas autoridades sobre el tema Odebrecht. Antes lo hizo con el Departamento de Justicia de EE.UU.

Además, el fiscal general ecuatoriano solicitó asistencia judicial el pasado 4 de enero al Ministerio Público español para tomar declaración al contador de la compañía brasileña sobre los sobornos pagados por esta en el país a cambio de contratos.

La justicia ecuatoriana bloqueó pagos por $ 40 millones a Odebrecht para garantizar una posible indemnización al Estado, y prohibió temporalmente hacer más contratos con la firma brasileña, cuyas oficinas en el país fueron allanadas.

Las autoridades aún no han involucrado a nadie en el presunto caso de corrupción de Odebrecht. (I)