El procurador (abogado) del Municipio de Quito, Gianni Frixone, dejó claro ayer que las posibilidades del Cabildo de obligar a Odebrecht a salir del consorcio que construye el Metro son legalmente nulas.  

Frixone expuso ante el Concejo que el derecho de la Alcaldía concluye con la tramitación del visto bueno de los multilaterales de crédito para ejecutar el proceso y la emisión de su autorización para que el consorcio se deshaga.

Sin embargo, la efectivización del procedimiento depende de la decisión de la propia empresa y de su socia en el proyecto, la compañía española Acciona.

El procurador respondió así a la consulta de la concejala Luisa Maldonado (Alianza PAIS) sobre las acciones que se podían tomar para que concluya la reconformación del grupo constructor, solicitada en octubre pasado por la sociedad Acciona-Odebrecht.

La compañía brasileña busca, desde el mes pasado, dejar sin efecto la modificación y continuar en el proyecto. Así se desprende de una comunicación hecha pública ayer, en la que Odebrecht le anuncia el 4 de abril su intención a Acciona.

En tanto que en un comunicado del 18 de abril, participa de este particular al gobierno local.

El hecho de que el alcalde Mauricio Rodas hiciera pública el 28 de abril la no objeción de los multilaterales, dando a entender que el proceso continuaba, fue cuestionado por el bloque de AP.

Los integrantes de esa bancada señalaron que, sea cual sea el desenlace, se debe garantizar que la construcción del Metro cumpla con los plazos, costos y parámetros técnicos previstos.

Entre tanto, el administrador general del Municipio, Miguel Dávila, señaló que el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) cubriría el bache presupuestario que dejaría la salida de Odebrecht.

Esto porque $ 250 millones están comprometidos por el Banco de Desarrollo de Brasil para la obra, pero estos recursos están atados a la participación de la firma. (I)