Con seis votos a favor y una ausencia, el Pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) aprobó el inicio de una investigación en contra del Municipio capitalino.

Esto luego de que el alcalde Mauricio Rodas no asistiera a la Comisión General convocada por el organismo para que explique la demora en el tratamiento de la Iniciativa Popular Antitaurina, que lleva 20 meses en el Concejo Metropolitano.

Rodas justificó su ausencia a través de una carta, llegada al CPCCS anteayer, en la que asegura que compromisos previos le impedían acudir a la cita.

Por ello, el líder del grupo proponente de la normativa, Felipe Ogaz, fue el único en intervenir.

Ogaz recordó, a través de la exhibición de un video, que Rodas negó en campaña que fuera a apoyar las iniciativas en favor de los festejos taurinos.

El activista recordó que el Consejo Nacional Electoral (CNE) notificó el 3 de octubre de 2014 al Cabildo que había validado las firmas presentadas en favor de la propuesta que plantea la prohibición de corridas de toros, peleas de gallos, de perros y otro tipo de espectáculos crueles con los animales.

Apuntó que ello equivalía a que el tiempo para debatir y aprobar o negar la norma había terminado hace tiempo.

El artículo 103 de la Constitución determina en el caso de una iniciativa popular, “(...) el órgano correspondiente (en este caso el Municipio) tendrá un plazo de ciento ochenta días (6 meses) para tratar la propuesta; si no lo hace, la propuesta entrará en vigencia”.  

Sin embargo, el alcalde puso en conocimiento del Concejo el planteamiento de los antitaurinos 5 meses después de la notificación del CNE, en marzo del año anterior.

En la sesión realizada el día 12, el legislativo capitalino decidió la creación de una comisión ocasional para debatir la propuesta del colectivo Diabluma y otras organizaciones sociales.

El organismo quedó integrado por Carlos Páez (AP), Daniela Chacón (independiente), Marco Ponce (SUMA), Susana Castañeda (AP) y Karen Sánchez (independiente), como presidenta.

Ocho meses después (noviembre de 2015) se produjo el primer debate de la iniciativa.

Para entonces, el Gobierno local había autorizado al igual que ocurrió este año, la realización del Festival Virgen Esperanza de Triana en la plaza Belmonte (San Blas).
Otros nueve meses pasaron para que la comisión ocasional del Concejo preparara el informe sobre la iniciativa popular, el cual fue aprobado por ese organismo el 1 de septiembre pasado.

Y desde entonces, sus impulsores esperan que sea incluido en el orden del día para su discusión en el ente legislativo local.

Tras la comparecencia de Ogaz, el vicepresidente del Consejo de Participación, Edwin Jarrín, mocionó que el tema sea investigado por el organismo, con el fin de determinar el posible incumplimiento de los derechos de participación ciudadana por parte del Municipio.

Durante el razonamiento de su voto, el consejero Tito Astudillo recordó que el artículo 312 del Cootad determina en estos casos sanciones de tipo político y administrativo, las que incluyen la posible remoción del funcionario responsable. (I)