Como parte del programa ‘Quito, ciudad segura para mujeres y niñas’, el Municipio implementó la iniciativa ‘Bájale al acoso’ en el sistema integrado de transporte público capitalino.

El proyecto se aplica por ahora  en 120 vehículos (80 biarticulados y 40 articulados) de los más de 300 que componen la flota del Cabildo, lo cual equivale aproximadamente al 40% de buses y trolebuses.

Para activar el sistema, la afectada debe enviar un mensaje de texto al 6367 con la palabra ‘ACOSO’ y el número de la unidad.

Tras ello, la pasajera recibirá un mensaje de confirmación de la denuncia y el reporte hecho a través de un celular llegará a la central de operaciones de la Empresa Metropolitana de Transporte de Pasajeros.

Esta comunicará el hecho al conductor del vehículo y al recolector y policías metropolitanos asignados en la siguiente estación.

En la unidad de transporte donde se realizó la denuncia se activará una alarma que avisará por megafonía que hay un caso de acoso.

La pasajera recibirá una llamada de acompañamiento y de apoyo psicológico y tendrá una guía de las distintas opciones y herramientas disponibles para apoyarla. Por ejemplo, una alternativa es colocar la denuncia al día siguiente en un centro de Equidad y Justicia. Finalmente, la Policía Metropolitana y los encargados de la recaudación en paradas y estaciones protegerán a la denunciante.

Pero, ¿qué pasa si la víctima no cuenta con un celular? Es uno de los cuestionamientos de Ana Almeida, coordinadora de la organización Marcha de las Putas Ecuador.

Para Almeida, este tipo de proyecto es importante porque visibiliza el acoso en el transporte. Sin embargo, considera que la iniciativa ‘Bájale al acoso’ deja de lado a mucha gente que no usa celular, que no tiene un plan de datos para enviar mensajes y no piensa en las niñas que no tienen teléfono.   

Además, Almeida considera que en este proyecto la responsabilidad está puesta exclusivamente sobre las mujeres. “No es solo que nosotras hagamos la denuncia. La idea sería responsabilizar a todos los que podemos hacer algún cambio”.

La activista agrega que la iniciativa es bastante sesgada y que se trata de una respuesta paliativa  que no soluciona el problema de fondo.  

Para José Luis Badillo, especialista en prevención de violencia y acoso laboral, la iniciativa es buena; sin embargo, tendría problemas técnicos, sobre todo por mala utilización de los términos.

El experto menciona que el acoso sexual, según el artículo 166 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), es el hecho por el que alguien solicita algún acto de naturaleza sexual, para sí o para un tercero, prevaliéndose de situación de autoridad laboral, docente, religiosa o similar; y es sancionado con pena privativa de libertad de uno a tres años. De ahí que con este artículo no se podría perseguir, llevar a un juicio o sancionar al victimario encontrado en el transporte público.  

Para el especialista, lo que se da en los buses es una ofensa sexual, la cual no está tipificada en el COIP.

Badillo explica que la ofensa sexual ocurre cuando una persona realiza, deliberadamente, contacto físico de connotación sexual con otra en cualquier espacio público. (I)