Más de 100 moradores de varias cooperativas de vivienda del norte y sur de Quito protestaron ayer en las afueras del Municipio contra lo que calificaron aumentos desmedidos en los valores del impuesto predial.

Por ejemplo, los habitantes del barrio Fuente de Luz, ubicado al norte de la urbe, señalaron que en 2014 pagaron en total $ 4.272 de impuesto predial y que este año se encontraron con que debían pagar  $ 12.925.

Luis Cornejo (75), quien vive en el sector desde hace 20 años, mencionó que es la primera vez que tienen este tipo de inconvenientes. “Antes cada socio de la cooperativa pagaba entre $ 30 y $ 40. Ahora, con este nuevo valor, debemos pagar alrededor de $120 cada uno”, sostuvo.

Los gritos de los ciudadanos se escuchaban hasta el interior del Municipio. “¡El Alcalde nos engañó!” “¡Queremos que Rodas dé la cara!”, eran, entre otras, las consignas de los manifestantes, quienes con pancartas mostraban los nuevos valores que deben pagar por el tributo.

Ana Acosta (68), dirigente barrial del sector Valle del Sur, mencionó que este año tendría que pagar alrededor de $ 200, cuando antes cancelaba $ 30. “Es injusto que se nos cobre ese valor, si nuestro barrio aún no cuenta con las obras fundamentales”, comentó.  

Mientras tanto, en el Concejo Metropolitano, Santiago Betancourt, director tributario del Municipio, explicaba a los ediles la implementación del nuevo sistema de cobro de los prediales.   

Y en ese marco y tras conocer de la protesta el alcalde Mauricio Rodas anunció que las cooperativas de vivienda deben tener un trato especial por su condición territorial y legal y que el departamento tributario está buscando los mecanismos para cumplir con esa condición. Aseguró que, por ello, los moradores de dichas zonas no pagarán los valores que aparecen en el sistema.      

Entre tanto, más de 50 trabajadores del área de seguridad de la Empresa Metropolitana de Servicios Aeroportuarios (EPMSA) se reunieron afuera del Cabildo para exigir un encuentro con Rodas.

Su objetivo era que escuchara sus pedidos de homologación de salarios, con lo que esperan que su sueldo se incremente de $ 550 a $ 700. También solicitan la salida de la gerente de la empresa, a la que acusan de malos tratos.