Con la designación por "unanimidad" del primer mandatario de Ecuador, Rafael Correa, como presidente de la conferencia mundial Hábitat III, se inauguró oficialmente este evento que se desarrollará hasta el próximo jueves en Quito. 

El secretario general de Naciones Unidas, Ban ki-moon, anunció la designación y acto seguido invitó al mandatario ecuatoriano a sentarse en el podio para asumir la agenda. 

En su discurso, Correa agradeció la designación. Explicó que Ecuador, junto a delegaciones de 193 países, alcaldes de todo el orbe, organismos internacionales y representantes de la sociedad civil, "renovaremos nuestro compromiso global con el desarrollo sostenible, mediante la adopción de la nueva agenda urbana".

"Esperamos el decidido compromiso de los países miembros para cumplir las metas durante los próximos 20 años", apuntó. 

Latinoamérica, la más urbanizada 

Correa explicó que América Latina es la región más urbanizada del planeta. "En 1955 el 45% de la población latinoamericana estaba en la ciudad, hoy tenemos un 81%. Esto generó las invasiones en Ecuador, las favelas en Brasil, los eufemísticamente llamados pueblos jóvenes en Perú o sencillamente las barriadas". 

Añadió que en las invasiones los pobres viven peor y pagan más, y no se puede hacer obra pública porque los terrenos no están legalizados. "El agua en tanquero cuesta 5 veces más que el agua entubada y están en manos de traficantes de tierra, verdaderas mafias que, además de estafarlos, cobran hasta por los servicios de seguridad", ejemplificó.

El mandatario señaló que "es tan común esto en Latinoamérica que muchos lo consideran parte del folclor, cuando en realidad es parte de la miseria y la exclusión". 

Correa prosiguió que el mal desarrollo urbano es tan grave en Ecuador y fue puesto como un eje del programa de su gobierno al ser reelecto en 2013. Recordó que en 2010 se declaró la cero tolerancia a las invasiones, pero "aunque hemos tenido grandes avances el problema continúa".

En ese sentido explicó que no solo es cuestión de pobreza y desorden, sino que también es un problema cultural. "Se tornó costumbre asentarse en cualquier lado y luego, a cualquier costo exigir rellenos, servicios básicos y en general la intervención del Estado".

"A su vez, la politiquería se vale de toda esta tragedia humana para el asistencialismo, explotando el atavismo cultural de la victimización", agregó. 

El mandatario ecuatoriano subrayó que para cambiar esta realidad hay dos problemas cruciales: la debilidad de los gobiernos locales directamente responsables del desarrollo urbano; y la exclusión producto del sistema del mercado. En ese marco explicó que en Ecuador que la dependencia de ingresos municipales con asignación del gobierno central es del 82% en promedio.

"Las ciudades más grandes, Quito y Guayaquil, dependen respectivamente del 55% y 58%, pero hay municipios con una dependencia del 99,8% de asignaciones del gobierno central", dijo. 

Otro problema que mencionó es la falta de capacidades, que hace difícil el cumplimiento de las competencias municipales. Entre estas destacó los planes de ordenamiento territorial y controlar el uso y ocupación del suelo. Añadió la falta de voluntad política para hacerlo. 

"Los pobres no existen para el mercado, no tienen capacidad adquisitiva, casi no hay oferta espontánea de vivienda social. Algo similar ocurre con el crédito, al que tampoco pueden acceder por falta de garantías. Por eso debe intervenir el Estado, no se trata solamente de justicia social, se trata de evitar grandes desestructuraciones sociales, nuevas formas de pobreza, tráfico de tierras, ocupación ilegal del suelo, asentamiento y precariedad en las ciudades", apuntó. 

Mencionó el apoyo que se ha ortogado, a través de la banca pública, a los constructores de vivienda social, así como la entrega a las familias de un subsidio directo más financiamiento, a través del sistema de cooperativas. Al respecto sostuvo que aunque el programa es exitoso, hay que acelerar los procesos.

"Poniendo al ser humano como prioridad, calculamos que invirtiendo anualmente 1% del producto interno bruto entre sector público y privado, en 10 años tendremos resuelto el déficit de vivienda", señaló. 

Enviará proyecto de ley

Correa también explicó que América Latina es la región más desigual del planeta. Dijo que la inversión pública en infraestructura y servicios eleva el precio de los terrenos y genera beneficios ilegítimos para unos pocos, aumentando la desigualdad. "De los 9 principales municipios del país, calculamos que cerca de $ 600 millones por año van a manos privadas por concepto de la plusvalía que genera la inversión estatal. Este es un típico ejemplo de la socialización de los costos y privatización de las ganancias. También tenemos el acaparamiento y especulación de tierras para aumentar su valor". 

De allí que lamentó que la especulación con tierras no sea sancionada. Explicó que decisiones municipales tan simples como cambiar la clasificación del suelo de rural a urbano puede aumentar el valor de la tierra varias veces sin que sus propietarios hayan invertido nada. "Cualquier incremento de valor de un activo, que no es fruto directo de las acciones del respectivo propietario es ganancia ilegítima e incluso inmoral si se manejó información privilegiada". 

En este marco anunció que las próximas semanas enviará a la Asamblea Nacional un proyecto de ley "para que esa ilegítima plusvalía pase a manos de los municipios".

"Es una de las cosas más revolucionarias que haremos. Eso ayudará mucho también a los promotores inmobiliarios, una de cuyas principales restricciones es la especulación por los suelos urbanos", recalcó. 

La hoja de ruta del Hábitat III contiene 175 puntos entre los que se destacan acuerdos para lograr la inclusión y la erradicación de la pobreza, el éxito económico de las urbes con oportunidades para todos, y el crecimiento de ciudades amigables con el ambiente y capaces de adaptarse y enfrentar cambios producidos por fenómenos naturales.

El documento también incluye acuerdos para promover el uso sostenible de la tierra, conteniendo la expansión de las zonas urbanas y evitando la pérdida de áreas productivas y ecosistemas frágiles. (I)