Con 13 votos a favor, el Concejo Metropolitano respaldó ayer la petición del alcalde de Quito, Augusto Barrera, para iniciar el proceso legal de terminación de los convenios firmados por la administración anterior de Paco Moncayo, en donde se les permitía a los centros comerciales el uso y ocupación del espacio público.

Una de las cláusulas contenidas en el contrato  establecía el compromiso de la administración municipal anterior para gestionar ante el Concejo Metropolitano de Quito “la venta mediante remate forzoso” del subsuelo de los terrenos de propiedad pública a los urbanizadores del Quicentro Shopping.

Esta cláusula y sus implicaciones para la ocupación del espacio público motivaron la solicitud del burgomaestre para iniciar el proceso de terminación de estos convenios, que consideró “lesivos para el interés de la ciudad”.  

La ley establece la prohibición expresa para la venta de espacios públicos, por lo que Barrera calificó de “insólita” la obligación adquirida en el convenio suscrito entre el ex alcalde Paco Moncayo y el gerente General de la Organización Naciones Unidas, Michel Dreller, lo cual explicaría por qué los “empoderados  no permiten que recuperemos la calle para la gente”, dijo en alusión a la continuación de la construcción del bulevar en la avenida Naciones Unidas. 

La firma del convenio de co-gestión con el Quicentro Shopping se realizó el 22 de septiembre de 2003 y en su primera etapa autorizaba la construcción de 440 plazas de estacionamiento, en un área de 860 metros cuadrados propiedad de los urbanistas y 2.960 metros cuadrados del Municipio.

Otro convenio suscrito con  el Centro Comercial Iñaquito (CCI) permitía el uso de 1.993 metros cuadrados del espacio público a cambio de 2.591 dólares mensuales. Se firmó el 5 de marzo de 2008 entre Gustavo Fierro Obando, administrador de la Zona Norte de la época, y Juan Fernando Salazar Egas, gerente general de Centros Comerciales del Ecuador, con un plazo indefinido. En este caso no se estableció compromiso de una venta futura.

Tras la presentación de un informe en el pleno del Concejo, el director de la Agencia Metropolitana de Control, Walter Enríquez, ratificó el requerimiento para “concluir, al amparo de la ley, con los convenios existentes por ser los mismos incompatibles e inconvenientes con el interés general”.

La decisión municipal se sustenta en el Plan de Ordenamiento Territorial y la ejecución del bulevar de las Naciones Unidas (NN.UU.). “No es admisible que estos derechos adquiridos impidan que construyamos una infraestructura pública en un espacio público”, aseguró Barrera, tras recalcar que “no permitirá” que sectores poderosos se opongan al progreso de la ciudad. 

En el caso del Quicentro Shopping la línea de construcción que delimitará el nuevo bulevar de la NN.UU. sería la del restaurante El Español, mientras que en el CCI el tramo afectado sería el de estacionamientos utilizados por el restaurante Tony Roma’s.

Enríquez explicó que el convenio con el CCI establece tres causas para finiquitar el convenio: por mutuo acuerdo, por incumplimiento de una de las partes y por la necesidad de disponer de eses terrenos para ampliación o un nuevo trazado de la avenida Naciones Unidas.

Mientras que, con el Quicentro, el convenio podría finiquitarse por dos motivos: mutuo acuerdo o incumplimiento de las partes. En ese caso, será la Procuraduría del Municipio la que defina el mecanismo para dar por terminado ese acuerdo, suscrito por el entonces administrador de la Zona Norte, Gustavo Fierro.  

El director de la Agencia explicó que los dos convenios “tienen un principio de legalidad, pero se refieren a condiciones muy particulares, no solo sobre regalías sino del “remate forzoso” de terrenos municipales”.