El Centro de Observación Ciudadana envió, el pasado jueves, un documento de 10 páginas a la Contraloría General del Estado, para que realice una auditoria gubernamental a la administración del alcalde Mauricio Rodas, durante el período entre el 14 de mayo de 2014 (inicio de su gestión) hasta el 31 de agosto de 2016.

En el documento se establecen  “atribuciones constitucionales y legales” que tiene la Contraloría para efectuar el pedido de esta organización. Entre ellas: “evaluar los costos de los estudios, prestación de servicios, adquisición de bienes y construcción de obras de las instituciones del Estado”.

Con esa base, la solicitud busca que el contralor, Carlos Pólit, efectúe un examen especial y una auditoría de obras y financiera a la actual administración municipal.
En el examen especial, el centro pide que se evalúe la legalidad en la ejecución presupuestaria 2014-2016 por parte del Municipio.

El pedido está amparado en el artículo 241 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (Cootad) que “dispone que todo proceso de aprobación presupuestaria en los GAD se inicia con una Resolución Ciudadana”.

Según Xavier Buendía, presidente de la organización, “tenemos la constatación de que no se cumplieron las resoluciones ciudadanas y por lo tanto los trámites estarían viciados de ilegalidad”.

El ciudadano indicó que la “última prueba” que sustenta este argumento legal es la ejecución del  0% del presupuesto participativo por parte del Cabildo, en 5 Administraciones Zonales (Los Chillos, Quitumbe, Eloy Alfaro, Calderón y Eugenio Espejo) durante este año.

También se solicitó el inicio de una Auditoría de Obras Públicas sobre los procesos precontractuales y contractuales de los estudios de todas las obras durante el período mencionado.

Entre ellas las del Metro de Quito, centro de convenciones en el Parque Bicentenario (antiguo aeropuerto), Quitocables, prolongación de la avenida Machala, Solución Vial Guayasamín e intercambiador de Carapungo.

Este punto está sustentado en el artículo 56 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, que señala la obligación para los responsables de la inversión pública de contar con los estudios de factibilidad y la viabilidad financiera, previo a la contratación de una obra.

Finalmente, con la Auditoría financiera, el Centro de Observación Ciudadana busca que la Contraloría permita verificar y evaluar la gestión financiera, administrativa, operativa, ambiental y la “razonabilidad de las cifras presentadas en los estados financieros”.

El Centro de Observación Ciudadana pidió que se haga una auditoría financiera y de obras a las empresas públicas metropolitanas: de servicios aeroportuarios; de transporte de pasajeros; de movilidad y obras públicas; de hábitat y vivienda; Quito Turismo y Metro de Quito.

Posibles sanciones

De no cumplirse el artículo 241 del Cootad por parte del Cabildo, —según Buendía— esto acarrearía sanciones y responsabilidades administrativas, civiles y penales. “Para el alcalde de Quito (Mauricio Rodas) conllevaría la configuración de destitución por parte del Concejo Metropolitano, que deberá seguir el debido proceso”.

La Contraloría General del Estado tiene hasta el 22 de septiembre para formar un equipo auditor, que se encargará de notificar y explicar al Municipio capitalino sobre el inicio del proceso de auditoría gubernamental.

Luego se establecerá un informe definitivo, el cual estará listo en 6 y 8 meses, en el que se establecería las responsabilidades civiles, administrativas y penales. “De forma voluntaria estamos disponibles a entregar a la Contraloría General del Estado información respecto al pedido”, sostuvo Xavier Buendía. (I)

DATOS

El Centro de Observación Ciudadana evalúa la posibilidad de iniciar un proceso de remoción del alcalde Rodas, el cual sería oficializado en el seno del Concejo.

El manejo por parte del Municipio de 6 obras llamó la atención de esta organización, entre ellas Quitocables y Solución Guayasamín, las cuales estarían viciadas de ilegalidades.

Dentro de 6 u 8 meses, aproximadamente, un equipo auditor emitirá un informe definitivo sobre el pedido, con ello, la Contraloría General del Estado analizaría las sanciones pertinentes.

De encontrar culpables, la Contraloría también podría determinar glosas y acusaciones penales a los responsables de las obras.