Desde este 20 de abril corre el plazo de 90 días de instrucción fiscal para investigar, determinar responsables, participación y otros detalles sobre el presunto delito de asociación ilícita que se habría cometido en el Municipio de Quito.

Durante la audiencia de formulación de cargos, la jueza de Pichincha, María de los Ángeles Montalvo, dispuso el inicio de la instrucción fiscal y el uso de dispositivos electrónicos para los ocho investigados: Eddy S., Sergio G., Fausto M., Rubén L., Xavier V., Segundo S., Mónica G. y Andrea F.

Además, la prohibición de salida del país, presentación cada 15 días ante la autoridad competente, prohibición de enajenar bienes inmuebles, así como la retención de valores que tengan en el sistema financiero nacional.

En la audiencia, el fiscal provincial de Pichincha, Fabián Salazar, presentó varios elementos de convicción para sustentar el inicio del proceso penal, entre ellos las conversaciones telefónicas vinculantes en las que se presume que los hoy procesados fijaban puntos de encuentro para receptar dinero que provenía de los transportistas.

Dijo que incluso se identificaban a través de los seudónimos “Ingeniero”, “Gordo”, “Flaco”, “Secre”, “Pepe” y “Mona”. Además, el fiscal dio a conocer que dos procesados habrían intercambiado $ 18.000.

Con estos argumentos Salazar solicitó la prisión preventiva para todos los indagados, entre ellos dos concejales y cuatro altos funcionarios del Municipio, pero la jueza consideró que la petición no cumplió con los requisitos constitucionales y legales para que opere la medida restrictiva de la libertad y dictó las medidas cautelares anotadas.

Con esto, las ocho personas que fueron detenidas la mañana del jueves 19 de abril por estar presuntamente vinculadas con actos ilícitos relacionados a la entrega de permisos de operación para taxis y buses, fueron liberadas.

Modesto Tamayo, abogado de Segundo José S., presidente de la Cámara de Transporte del Distrito Metropolitano de Quito, aseguró que la Fiscalía no detalló las conductas en las que habría incurrido su cliente.

Indicó que habrá que esperar al proceso de la instrucción fiscal para que se formule la acusación y denunció “un manejo irregular” del expediente, ya que todavía no ha habido acceso al mismo.

La investigación
El proceso de investigación nació de denuncias presentadas por transportistas de Pichincha. Según la Fiscalía, “los funcionarios habrían solicitado dinero para otorgar permisos de operación de buses y taxis”.

El caso se formalizó luego de que la Unidad de Inteligencia Antidelincuencial (UIAD) de la Policía pusiera en conocimiento a la Fiscalía Especializada en Delincuencia Organizada Transnacional e Internacional (Fedoti) sobre la presunción del delito.

Eduardo Estrella, agente fiscal Fedoti 8, señaló que en función de ello en enero se inició una investigación a través de seguimientos y vigilancias e investigaciones técnicas, las cuales tuvieron un primer desenlace el jueves.

Ese día, ocho personas fueron detenidas en medio de un operativo desarrollado por la Fiscalía. 14 fueron los inmuebles allanados, entre ellos la Secretaría de Movilidad; Empresa Metropolitana de Movilidad, la Cámara de Transporte y la Alcaldía.

Las primeras indagaciones detallan que esta presunta red habría movido al menos $ 80 millones.

Durante los allanamientos, los gendarmes incautaron gran cantidad de dinero y otros elementos que podrían servir como evidencias en la sustentación del caso.

El presidente de la Unión de Cooperativas de Transporte en Taxis de Pichincha, Carlos Brunis, expresó que el gremio no tiene relación con ese caso y que se encuentra en asamblea permanente. (I)

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Legalización de los taxis se utilizó para la corrupción

Eduardo del Pozo, vicealcalde de Quito y miembro de la Comisión de Movilidad, señaló que ese caso es preocupante. No solo por la imagen de la entidad, sino porque están en marcha varios proyectos.

Del Pozo reconoció que hace más de un año recibieron quejas de “personas anónimas” sobre posibles actos de corrupción, especialmente desde la aprobación de la Ordenanza de Regularización de Taxis Informales, en julio de 2017. Ante ello, el Concejo Metropolitano aprobó la creación de una comisión para monitorear la legalización.

El vicealcalde indicó que de ser encontrados responsables los funcionarios, será el alcalde Mauricio Rodas, quien disponga la remoción de sus cargos.

Sobre el caso de los concejales, los miembros de la Comisión de Mesa serán los encargados de definir si piden su renuncia.

La concejala María Luisa Maldonado propuso que se suspenda el proceso de regularización de taxis que inició el año anterior y que sería la causa de la corrupción.

Daniela Chacón, concejala independiente, dijo que dicho proceso tienes varias instancias de aprobación que dependen de la discrecionalidad de los funcionarios y que podrían abrir la puerta a casos de soborno, a fin de obtener el anhelado permiso de operación. (I)