La Defensoría del Pueblo interpuso, esta semana, una acción de protección para tutelar los derechos de participación y libertad de expresión de Jahiren Noriega, estudiante del tercer año de bachillerato del Colegio Municipal Sebastián de Benalcázar de Quito.

Esto se produjo luego de que la joven denunciara ante el organismo que no se le ha permitido tomar posesión como presidenta del Consejo Estudiantil, cargo que ganó durante el proceso eleccionario realizado en noviembre pasado.

Al otorgar la medida, la Defensoría busca garantizar el cumplimiento de algunos derechos consagrados en la Constitución, de acuerdo con la explicación de motivos descrita en el documento.

Entre los derechos de la estudiante que -a juicio del organismo estatal- se habrían vulnerado están el de elegir y ser elegido y la libertad de expresión y pensamiento.

El caso ya fue expuesto ante la Corte Constitucional para que sus miembros resuelvan acerca de si se produjo o no la violación de los derechos de Noriega.

También esta semana, la Subsecretaría de Educación de Pichincha anunció que sancionará al rector del plantel, Ramón Flores, si no tramita la posesión.

Ayer funcionarios del organismo estatal dijeron que el plazo dado para que se posesione la lista ganadora había finalizado y que, por ello, se empezó a analizar la sanción que recaería sobre la autoridad del plantel municipal.

Francisca Herdoíza, subsecretaria de Educación, afirmó que la medida se adoptó porque la rectoría sobre todos los establecimientos educativos del país, incluidos los municipales, le corresponde al Ministerio del ramo. Herdoíza añadió que, por ello, la orden de posesión era obligatoria.

No obstante, la Secretaría Metropolitana de Educación (municipal) manifestó, a través de un comunicado, que “el problema suscitado en el Colegio Benalcázar en relación con las elecciones de su Consejo Estudiantil deberá ser resuelto al interior del colegio”.

El documento añade también que “no puede haber interferencia externa”. Y que “los procesos electorales para la designación de consejos estudiantiles atañen a cada institución educativa y deben servir para que los estudiantes comprendan y realicen un ejercicio de democracia, en el cual las reglas deben ser respetadas por todos”.

De acuerdo con el órgano municipal, los comicios realizados fueron declarados nulos porque se detectaron irregularidades antes y durante los mismos.

Y debido a ello el Tribunal Electoral, presidido por el rector del colegio, decidió convocar a nuevas elecciones para el 6 de febrero, lo que la Subsecretaría ministerial ya consideró como improcedente.