Ayer, después de un mes que el alcalde Mauricio Rodas anunciara la existencia de un acuerdo con el sector del transporte urbano sobre las tarifas del servicio, el documento llegó a manos de los integrantes del Concejo Metropolitano.

Ello ocurrió en vísperas de una sesión extraordinaria, prevista para las 12:30 de hoy, en la que el alcalde informará al órgano legislativo local sobre los pormenores de la negociación y absolvería dudas respecto a los detalles del convenio.

Al respecto, el edil Jorge Albán, por Alianza PAIS (AP), aseguró ayer en radio Sonorama que “si el alcalde y su equipo se han pasado 6 meses estudiando (la propuesta) no se puede pretender que en una sesión el Concejo tome una decisión”.

En relación con los alcances del acuerdo, el exvicealcalde capitalino apuntó que la decisión de no incrementar el valor de los pasajes, le parece correcta, en principio, a la bancada de AP, “porque no existen las condiciones para que se suba el precio del transporte, sobre todo, debido a que es evidente que el sistema de transporte de pasajeros no ha tenido mejoras sustantivas en la calidad de la operación”.

Albán añadió que si bien la idea de no incrementar las tarifas parece ser la correcta, existen dudas respecto a otros elementos del convenio Municipio-transportistas que debe aprobar el Concejo.

Uno de ellos es la decisión de la Alcaldía de entregar una compensación económica a los dueños de las unidades a cambio de mantener el pasaje general en $ 0,25, el medio pasaje para menores de edad y ancianos en $ 0,12 y reducir la tarifa para discapacitados a $ 0,10.

Esta compensación abarcaría un rango de $ 0 a $ 1.000 y su monto para cada bus dependería del cumplimiento de una lista de 32 indicadores de calidad.

Entre estos se hallarían el respeto de paradas, horarios y rutas, además de condiciones de buen trato a los usuarios por parte de conductores y ayudantes.

El también concejal de AP, Patricio Ubidia, manifestó tener dudas sobre la forma como el Municipio controlará el cumplimiento de dichos indicadores. “¿Se colocará un funcionario municipal en cada unidad para ver qué se cumple y qué no y así determinar el monto a pagar?”, se preguntó Ubidia.

El edil añadió que el esquema le parece “demasiado subjetivo”.

Darío Tapia, secretario metropolitano de Movilidad y quien en el momento del anuncio era titular de la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT), manifestó en su oportunidad que para el efecto se crearía una unidad de fiscalización.

Este órgano, según Tapia, estaría conformado por 120 agentes que  realizarán operativos para verificar el cumplimiento del índice de calidad. Este trabajo, resaltó el funcionario el 21 de enero, se efectuaría “en el terreno (en la calle) y de manera aleatoria debido a la imposibilidad de controlar todas las unidades”. En este caso estarán, sobre todo, parámetros como cumplimiento de rutas y frecuencias.

Otra parte de la información,  como número de usuarios (para evitar la sobrecarga), se obtendría de los datos que arrojará la aplicación del sistema de recaudación conocido como caja común.

Otro tema que preocupa es de dónde se obtendrían alrededor de $ 21 millones anuales que requeriría la Municipalidad para cancelar la compensación a los buseros.

El alcalde manifestó que esos recursos se obtendrán mediante el ahorro de recursos, como viajes, mobiliario, consultorías y personal.

Sin embargo, Ubidia duda que con la disminución de costos en ese tipo de rubros se pueda colectar una cantidad como la que requerirá la Municipalidad.

Del mismo modo, los concejales de PAIS se preguntan sobre la base legal en la que se ampara la Alcaldía para plantear la entrega de una retribución económica a agentes económicos privados.

Al respecto, Albán señaló que el Código de Planificación y Finanzas Públicas “restringe la capacidad de entregar recursos públicos a personas privadas y entonces con qué elementos se puede amparar una disposición legal para resolver este tema”.

DATOS

Sesenta y dos operadoras de transporte público urbano cuentan con permisos de circulación en la zona urbana del Distrito Metropolitano de Quito.

Estas agrupan a más de 2.380 unidades de transporte, cuyos propietarios serían compensados con una cifra de entre $ 0 y $ 1.000 mensuales a cambio de mantener congeladas las tarifas del servicio.

El 76% de los habitantes de la ciudad usa cotidianamente algunos elementos del sistema de transportación colectiva para movilizarse. Un 23% emplea vehículo privado y el 1%, medios alternativos.

El 59% de quienes utilizan sistemas masivos de transporte en la ciudad se moviliza en una de las unidades del sistema convencional y el 41% opta por el esquema municipal.

Estos viajes diarios que efectúan los quiteños se relacionan con motivos educacionales (32,5%), seguidos de trabajo (31,1%) y asuntos personales (24,3%), según estadísticas oficiales.

La mayoría de los desplazamientos diarios de los quiteños se relaciona con motivos educacionales (32,5%), seguidos de trabajo (31,1%) y asuntos personales (24,3%), según estadísticas oficiales.

El 46% de los capitalinos privilegia el tema de seguridad como prioritario a la hora de calificar el sistema de transporte. Un 27% apunta a la rapidez, el 13% señala la puntualidad y el 10% se fija en el tema de atención.