Édgar Jácome, exgerente de la Empresa Metropolitana Metro de Quito, se mostró sorprendido de que la propuesta del alcalde Mauricio Rodas al Gobierno Nacional sobre el proyecto incluya el compromiso del Cabildo de “asumir los costos de operación y mantenimiento de la Primera Línea del Metro de Quito (PLMQ)”.

Jácome se preguntó: “¿A quién le corresponde, entonces, sino al Municipio la administración del sistema de movilidad? ¿Al Estado Central? La afirmación es demasiado obvia como para incluirla en una propuesta de ese tipo”.

El exfuncionario añadió que ello explica la respuesta del presidente Rafael Correa durante la sesión solemne del sábado anterior respecto a que el gobierno local “buscaría que el Ejecutivo asuma la diferencia presupuestaria para la construcción de la obra. Y el Municipio no desembolsa ni un solo centavo”.

Jácome también halla deficiencias en el planteamiento de reducción de costos en la construcción y equipamiento del sistema.

Una idea similar la manejaba desde abril de 2012 la pasada administración municipal y, de acuerdo con ella, la reducción en cuanto a materiales y ejecución de obras civiles podría alcanzar $ 18 millones adicionales a los cálculos hechos por la Alcaldía de Rodas.

En tanto, con la reasignación de algunos gastos como que la Empresa Eléctrica Quito (EEQ) se encargue de la construcción de las subestaciones que requiere el sistema y que la Empresa Metropolitana de Pasajeros asuma la creación del sistema de recaudo se rebajarían los costos en otros $ 50 millones.

Con ello, “el ahorro  podría llegar en total a los $ 180 millones. De esa manera, acortando la brecha de financiamiento en casi $ 200 millones, entonces el Municipio quizás sí podría acercarse al Gobierno y negociar probablemente un mayor apoyo”, sostuvo el exgerente.

Mientras tanto, el exadministrador general del Cabildo, Rubén Flores, aseguró que la propuesta municipal se equivoca también en la valoración del 23,86% de acciones de la EEQ y que pretende asuma el Ejecutivo por $ 265 millones.

Según Flores, el gobierno local fija ese precio como un valor neto, “sin tomar en cuenta que la Ley de Régimen Eléctrico plantea que en ese tipo de transferencias se debe descontar las deudas de los accionistas con el Estado”.