Se ha otorgado a los municipios la responsabilidad de decidir en medio de la pandemia el tipo de semáforo que deberán tener las ciudades en esta primera semana de distanciamiento social.

Caben algunas reflexiones. La capacidad de gestión de los cabildos se ha orientado básicamente a la dotación de servicios básicos y regeneración urbana, con una incidencia muy limitada en el desarrollo económico, social y de productividad de sus ciudades (hay poquísimas excepciones). Apenas a través de ciertas normativas logran un relativo y bajo impacto en las economías locales.

En materia de descentralización existe un retroceso al haber recentralizado y fortalecido la acción del Estado en detrimento de las instituciones locales lo que ha debilitado la gestión territorial. Se aprecia un vacío de institucionalidad incapaz de convocar y generar espacios de diálogo para una construcción social en torno al modelo de desarrollo de cada ciudad.

Esta debilidad institucional, aparte de la monumental corrupción del Gobierno anterior, también forma parte del legado correísta al país, lo que ha permitido ahondar en las desigualdades económicas, sociales y territoriales a las que se suman estructuras productivas gestionadas por una composición empresarial de baja productividad en su gran mayoría.

Existen algo más de 150 ciudades con poblaciones menores a 50.000 habitantes y alrededor de 40 ciudades entre 50.000 y 100.000 habitantes lo que agrupa casi al 90% de las urbes del país que contienen apenas al 40% de la población total. Solo Guayaquil y Quito agrupan al 35% de la población total.

Estos municipios con ciudades de hasta 100.000 habitantes tienen una capacidad de recaudación propia (Ingresos propios/ Ingresos Totales) que va desde el 5% hasta el 25%; es decir, sus niveles de dependencia con el Estado son prácticamente totales.

En este contexto municipal, la pandemia desnuda esta realidad institucional y otros aspectos que van más allá incluso del tamaño de las ciudades. En este sentido, los alcaldes al asumir la responsabilidad señalada, lo primero que solicitaron fue recursos y más recursos a un Estado que no los tiene.

En algún caso lo exigieron con la patética y ya clásica rabieta del principal personero, en una ciudad cuyo modelo de gestión fue hasta hace poco considerado exitoso. El desarrollo de las ciudades es sobre todo acción social y económica colectiva con actores institucionales empujando hacia un mismo norte. Enhorabuena que la Academia se ha sumado para asesorar a los cabildos en esta emergencia. (O)