La Asamblea Nacional del Ecuador que se instalará en 2021 será muy distinta a la que hemos visto en los últimos 13 años. Ningún partido logrará las curules suficientes para aprobar iniciativas legales por sí solo.

De acuerdo a la Ley Orgánica de la Función Legislativa, se requieren 71 votos (de los 137 posibles en la actualidad) para que una Ley sea aprobada. El mismo número para destituir  y censurar a un asambleísta y 91 votos para hacer lo propio con un Ministro de Estado. 

El gran número de candidatos, la dispersión del voto y la falta de un líder presidenciable con alcance nacional (capaz de convocar el voto popular) augura un Pleno de la Asamblea conformado con minorías legislativas, en lugar de esas mayorías aplastantes.

Varias, incluso, se integrarán con el número justo que se requiere para reconocer formalmente a una bancada. De acuerdo con la misma Ley de la Función Legislativa se necesitan al menos 13 integrantes.

Este escenario hace que la gobernabilidad se vea distante para cualquier binomio presidencial que gane en los comicios de febrero de 2021. Cabe recordar que, en época de crisis, las duras decisiones económicas que serán necesarias para mantener a flote al país deberán tener la aprobación de la Asamblea Nacional. 

Por eso es importante que los partidos y movimientos políticos que representan una alternativa a los últimos 13 años se preocupen de generar las condiciones necesarias para lograr acuerdos legislativos previos, públicos, transparentes y en función de los intereses de los ecuatorianos. 

La mayoría de las fuerzas, no obstante, están obsesionadas con la campaña presidencial, cuando el apoyo en la Asamblea será igual o quizá más importante que ganar las elecciones generales. 

Quienes tienen clara la película y quieren recuperar el poder han comenzado un proceso de captación de cuadros en las provincias; principalmente en las más pequeñas, donde hay candidatos que no están vinculados a una candidatura presidencial nacional y que, de acuerdo con los primeros sondeos, podrían llegar al Legislativo. También se han acercado a quienes en algún momento comulgaron con su proyecto político y se alejaron por distintas razones. 

Así, comienzan a tender puentes para convertir al Legislativo en una trinchera desde la cual intentarán secuestrar al siguiente Gobierno para que, a cambio de votos, se logren indultos o influencia en el sistema de justicia para librar de las sanciones a sus líderes que  han sido sentenciados por corrupción, cohecho, peculado, delincuencia organizada, robo, fraude procesal, actos de odio y abuso de poder. Si las fuerzas que representan una alternativa siguen dormidas, sus binomios podrán llegar a Carondelet, pero estarán condenados a perder su capacidad para operar políticamente.