En economía, el término devaluación hace referencia a la pérdida del valor de un bien material o inmaterial a lo largo del tiempo. En el ámbito político, este concepto bien podría aplicarse a lo que ha ocurrido con los juicios que se ventilan en la Asamblea Nacional. 

En teoría, son una poderosa y necesaria herramienta que ayuda a prevenir y evitar que una autoridad pública -sin importar su posición y poder- exceda los límites establecidos en la Constitución y las leyes. Permite que se logre un equilibrio de poderes y que se promueva la transparencia en el ejercicio público.

Sin embargo, en la práctica, han sido un mecanismo más de presión política dentro de la lucha de poderes entre quienes están a favor, en contra, quienes comulgan temporalmente con el Gobierno de turno o ven la oportunidad de sacar una tajada económica o política personal.

En época electoral, incluso, existe la idea equivocada de que un juicio político puede atraer la simpatía de la ciudadanía y mejorar la percepción hacia algunos candidatos y actores políticos que juegan el papel de denunciólogos. O, por el contrario, afectarlos si no se procesa en los tiempos en que los medios de comunicación o el círculo rojo de las redes sociales determinan.

La realidad es que con un nivel de aprobación del Legislativo de entre un 3% y un 5%, de acuerdo a la mayoría de encuestas difundidas, es poco lo que un proceso de fiscalización o legislación puede aportar, considerando lo cerca que están los comicios electorales. Sólo faltan 44 días para el arranque oficial de las campañas. 

Además, no solamente se trata de la cantidad de procesos. En lo que va del presente período legislativo 2017-2021, 10 juicios políticos llegaron al Pleno de la Asamblea Nacional y de estos cuatro terminaron en destitución y censura y uno más en censura. En el periodo anterior, en cambio, donde hubo un control total del correísmo, ningún juicio pasó al Pleno.

La población está cada vez más hastiada y decepcionada. Cuenta los meses para que haya un cambio general del sistema político con la esperanza de que algo mejor pueda llegar, sobre todo para solucionar su situación económica. Eso, en gran medida, dependerá de su nivel de involucramiento con un voto responsable y consciente.

Los juicios políticos no les permiten llevar alimentos a casa ni alcanzan para saciar su necesidad de justicia. Perdieron legitimidad y eso es muy peligroso. Si la ciudadanía no se involucra y demanda respuestas y acciones a sus representantes en esta y la nueva Asamblea, en torno a la fiscalización y control, estos seguirán usando el juicio político como moneda de cambio. Así, mientras más se devalúa para la gente, más valor económico y político tiene para el legislador.