Red de Politólogas

Antes de la pandemia, los diagnósticos nacionales y locales ya evidenciaban grandes desigualdades entre mujeres y hombres, tanto en lo público como en lo privado, y en sus aristas social, política y económica. Ahora, durante la contingencia derivada de covid-19, la CEPAL ha calculado un retroceso de 7 años con respecto a lo avanzado en la región latinoamericana.

Comparto datos del Instituto Nacional de las Mujeres (México) que ilustran la situación: en términos de autonomía económica, la participación económica de las mujeres en empleos remunerados es de 43%, en relación con un 77.5% de los hombres, la cifra más baja de la región; su ingreso es aún 25% menor al de los hombres. A esto se suma que los sectores más golpeados por la pandemia tienen una mayoritaria participación de mujeres, como la economía informal y el sector de los servicios. Por otra parte, la división sexual estereotipada del trabajo persiste: vemos que tres cuartas partes del trabajo del hogar y de cuidados no remunerado es realizado por mujeres, lo que equivale a un 23.5% del PIB nacional. Ellas dedican 47 horas a la semana a estas tareas, en contraste a las 17 horas de los hombres.

En cuanto a la violencia de género, una de cada tres mexicanas ha vivido al menos un incidente de violencia a lo largo de su vida, y cada día 10 mexicanas son asesinadas por la violencia feminicida. México ocupa el 1er lugar entre los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos en embarazo adolescente; y, sin embargo, la interrupción legal del embarazo sigue siendo ilegal en la mayoría parte del país.

Si bien el año pasado fue aprobado el establecimiento constitucional de la paridad política y hoy las mexicanas ocupamos más posiciones de toma de decisión, a nivel local sigue siendo evidente la subrepresentación en el ámbito municipal y comunitario.

En suma, la pandemia vino a recrudecer las brechas de desigualdad, para mostrarnos que gubernamental y socialmente es ineludible e impostergable dar atención y recursos necesarios para erradicarlas, porque simplemente tanta disparidad no es congruente con los valores democráticos que amparan nuestras leyes, ni sostenible en términos del desarrollo de los países de nuestra región.