Ayer fue aprobado, en segundo debate, el informe del proyecto del Código Orgánico de Entidades de Seguridad Ciudadana y Orden Público. La normativa establece, por ejemplo, la creación del Servicio Civil de Protección a autoridades como mandatarios y funcionarios que ocupan altos cargos en el Estado.

María Augusta Calle, presidenta  de la Comisión de Soberanía, Integración, Relaciones Internacionales y Seguridad Integral -luego del tratamiento y visto bueno- remitirá el informe a la titular de la Asamblea Nacional, Gabriela Rivadeneira, para que convoque -con 48 horas de anticipación- a sesión y pueda ser analizado en el pleno. Sin embargo, el presente periodo legislativo finalizará el 13 de mayo.

El Código contiene cuatro libros, pero el tercero, referido a la creación del Servicio de Protección Pública conformado por personal civil especializado, profesional, técnico y jerarquizado, generó ayer mayor discusión y análisis en esa mesa.

Por ejemplo, Diego Salgado, asambleísta de CREO, quien votó en contra del informe, dijo que con su aprobación se estaría creando una tercera fuerza armada. En cambio, Fernando Bustamante, legislador independiente, expresó que es imposible crear un servicio de protección de dignidades sin armamento.

Sin embargo, Eduardo Zambrano, legislador por Alianza PAIS, negó aquello. Afirmó que no se tratará de una “fuerza de choque, guardia armada o guardia pretoriana”.

Además, aclaró que eso no significa que las Fuerzas Armadas y Policía Nacional, que son las instituciones que cumplen con estas actividades actualmente, efectúen mal su trabajo. “Estos funcionarios que están colaborando con el servicio actualmente pasarán a ocupar los cargos que tenían originalmente”.

De aprobarse el Código en el pleno, la protección pública pasaría de ser un servicio público, civil, armado y con autonomía a un servicio público y civil, que usará métodos “disuasivos” cuando se lo requiera.

Eso permite, según Verónica Rodríguez, legisladora de PAIS, que en “su momento”, de llegar a requerirse, se usará armas para proteger las instalaciones o altos funcionarios del Estado.

Pero eso no significa que será un cuerpo de protección que estará armado, sino que cada uno de sus funcionarios deberá tener el uso del arma de acuerdo a la ley; es decir luego de un permiso otorgado por las Fuerzas Armadas.

La idea del Servicio de Protección, según los legisladores que votaron a favor, es especializar y capacitar a los miembros civiles que se encarguen de aquello.

En caso de ser aprobado el Código, este servicio para las autoridades se implementará en aproximadamente 10 años, tiempo en que llevaría ajustar el presupuesto, la capacitación a los funcionarios y el tema organizativo.

El objetivo es profesionalizar a la Policía y regular los roles

Aunque de los cuatros libros el tercero del Código (Servicio de Protección) ha generado discusión, el primero busca profesionalizar al personal policial, regulando su carrera y mejorando su proceso de formación académica.

El segundo, en cambio, busca regular temas como: medicina legal y ciencias forenses. El libro cuarto pretende regular las entidades que brindan seguridad complementaria, como los guías penitenciarios, miembros de la Comisión de Tránsito del Ecuador, de la Policía Metropolitana y Municipal, y los agentes civiles de Tránsito. (I)