Uno de los proyectos de ley que deberá tramitar la próxima Asamblea Nacional es uno relacionado con la institucionalización de una comisión de transición de Gobierno. La iniciativa surgió del Ejecutivo y el 28 de abril pasado fue enviada a la Asamblea como proyecto de ley.

La propuesta se fundamenta en la necesidad de ofrecer un proceso ordenado y transparente de transición de gobierno, lo que garantizaría que las autoridades electas conozcan en detalle el estado general de las administraciones a su cargo.

Luis Fernando Torres, asambleísta reelecto por la alianza PSC-CREO, afirmó que el proyecto de Ley de Transición es “inútil” porque no tomaría en cuenta factores como la sucesión entre gobiernos de diferentes partidos políticos.

Duda de que la próxima Asamblea apruebe el documento “a menos de que se hagan cambios sustanciales”.

La asambleísta también reelecta para el próximo periodo por Alianza PAIS, Soledad Buendía, afirmó que es “ligero llamar ‘inútil’ a esta ley” y que, por el contrario, es fundamental porque demostraría la “transparencia del Presidente. Quienes no tienen ética ni transparencia no la valoran, pero para nosotros es fundamental debatirla y defenderla”.

Enfatizó que la propuesta de ley apunta a proporcionar información de políticas de Estado y no de políticas de un movimiento o partido político.

Para Pamela Falconí, asambleísta por PAIS, “con esta ley el Presidente lo que dice es ‘ordenémonos’” y afirmó que al realizarse entre miembros del mismo partido la transición sería más “llevadera”.

“Si se produce la transición de un gobierno de izquierda a un gobierno de derecha va a haber complicaciones, pero si existe una ley las partes deben cumplir”, agregó.

¿Qué dice el proyecto de ley?

Mediante Decreto Ejecutivo 1300, del 14 de febrero de 2017, el Gobierno buscó implementar un proceso de transición que levante información de todas las entidades de la Función Ejecutiva para que sea entregada al Presidente electo.

Esto buscaría que el nuevo Mandatario cuente con toda la información del estado de la administración pública y así pueda conformar su gabinete ministerial y adoptar sus primeras decisiones.

Según estipula el proyecto de ley, esta información se agregaría, además, en las páginas web de todos los ministerios, instituciones y empresas públicas, así como en la de la Presidencia de la República para el fácil acceso de todos los ciudadanos. “Que no quede entregada a discrecionalidad del Presidente de la República, sino que se convierta en un proceso institucionalizado, obligatorio, regulado y que pueda ser exigido por los ecuatorianos a sus futuros gobernantes”, reza en el texto.  

Agrega que esto se trata de un ejercicio que busca dejar un marco legal e institucional “que permita romper con viejas e indolentes prácticas aplicadas por aquellos que hacían del Estado un botín del cual podían servirse transitoriamente”.

Esta transición garantizaría la continuidad en la prestación de los servicios públicos, la ejecución ininterrumpida de programas y proyectos y la atención de las obligaciones urgentes, además del diseño de políticas y proyectos necesarios para cumplir con los programas de gobierno.

De aprobarse esta ley, cada institución o empresa pública conformará un comité de transición encargado de la recopilación de la información y será integrado por el Presidente de la República, máxima autoridad encargada de la planificación nacional y suprema autoridad encargada de la administración pública. Si alguno de ellos no pudiese conformar el comité deberán asignar a un delegado permanente.

Posterior a este procedimiento se realizará una reunión de entrega oficial del informe final de transición al Presidente electo. Sin embargo, este proceso no se conformará en caso de reelección.

Todos los servidores públicos que se encuentren ejerciendo funciones deberán participar en el proceso de transición.

Para la elaboración de este proyecto se analizaron los procesos de transición de EE.UU., Canadá, Brasil, Puerto Rico, Perú y Guatemala, de donde se desprenden los objetivos, el marco legal que los ordena, los ámbitos a los cuales se aplica dentro de la administración pública, la institucionalidad, la coordinación de dichos procesos y, finalmente, los formatos y herramientas que se utilizan.

Al momento este proyecto está en la Asamblea “en trámite”. (I)

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Rivadeneira no renunciará al cargo

Los asambleístas del movimiento Alianza PAIS sesionaron en el segundo taller para definir la composición de las 13 comisiones que conforman el ente legislativo así como las autoridades que dirigirán la Asamblea Nacional en el siguiente periodo que inicia el 14 de mayo próximo.

José Serrano, asambleísta electo, indicó que se definió la propuesta de que ocupe la Presidencia de la Asamblea. Agregó que las dos vicepresidencias corresponderían a las asambleístas Viviana Bonilla y Carlos Bergmann, también de PAIS.

En el caso del Consejo de Administración Legislativa (CAL), Serrano señaló que se integraría con dos representantes de las otras bancadas políticas.Además aseguró que recibió la contestación de 30 asambleístas electos de otros movimientos que enviaron sus propuestas para integrar las diferentes comisiones.

También explicó que en el taller se discutirá un nuevo esquema de funcionamiento de la Asamblea Nacional para que los legisladores trabajen en el pleno, en comisiones y en territorio.

La actual presidenta de la Asamblea Nacional, Gabriela Rivadeneira, comunicó que no renunciará a su cargo de asambleísta tras haber sido nombrada Secretaria Ejecutiva de PAIS. “Las 2 funciones no se contraponen ni existe ningún impedimento legal”, agregó.

Aclaró que anunció al movimiento que desea integrar la comisión de soberanía alimentaria o de relaciones internacionales.

Viviana Bonilla, también asambleísta electa, aseguró que en la reunión se definieron los proyectos que se tramitarán en los primeros 100 días del nuevo período legislativo. “Vamos a presentar leyes que permitan que Lenín Moreno, presidente electo, pueda aplicar su plan ‘Toda una vida’”, afirmó.

María José Carrión, asambleísta reelecta, dijo que en su caso está interesada en seguir en la Comisión de Fiscalización en la que ha trabajado los últimos 2 años. “Avanzamos en el caso de Mauro T. y todo lo referente al Municipio de Quito; las  investigaciones abiertas de Petroecuador y las de Odebrecht han significado un trabajo constante”, agregó.

Resaltó que el CAL estará compuesto por María Soledad Buendía, además de José Serrano, Viviana Bonilla y Carlos Bergmann, como indica la ley.

Carrión explicó que los 3 puestos restantes se completarán con un asambleísta aliado y los dos restantes de los bloques de oposición, que podrían ser del Partido Social Cristiano y de CREO-SUMA.

Estas definiciones se ratificarán el 14 de mayo, cuando los nuevos asambleístas se posesionen. Carrión aclaró que la idea es que las presidencias para las comisiones nombren a nuevos cuadros. (I)