El Ejecutivo y la Asamblea preparan la transición ordenada. La propuesta es que el proceso se institucionalice en el Código de la Democracia. ¿Es viable?

Hay que rescatar la posición del presidente Rafael Correa de que se institucionalice el proceso de transición. Tener información sobre los procesos administrativos, presupuestarios, proyectos, la estructura y las tareas de cada ministerio permiten iniciar la gestión desde el primer día del nuevo Gobierno. Antes no se obtenía la información necesaria porque estaba desactualizada o porque no estaba disponible.  

También se plantea regular el uso de los exit poll y el manejo de redes sociales en posteriores campañas. ¿Es posible?

Sobre el uso de encuestas, estoy totalmente de acuerdo, pero quizá no es un tema de regulación sino de reglamentación que lo puede hacer internamente el Consejo Nacional Electoral. La Ley es escueta, de modo que el margen de discrecionalidad que tienen las encuestadoras es inmenso. El último proceso electoral nos dejó como lección que los sondeos manejan información sensible y amerita que la autoridad electoral esté atenta (...) Sobre el segundo tema, hay que debatir mucho más, trabajar en códigos de conducta. Hace unos días promovíamos entre los ciudadanos que no hagan retuit a lo primero que leen, sino que contrasten y verifiquen con fuentes que hablen del tema. Las redes sociales mostraron muchísima ligereza, fueron un espacio para la campaña sucia. Pero si la solución es jurídica o está en interiorizar en todos pautas de comportamiento, yo creo más en lo segundo.

La Asamblea que concluye recibió  duras críticas. La nueva tendrá una conformación más diversa, ¿habrá apertura para las alianzas?

Alianza PAIS siempre ha creído que las uniones políticas son importantes, sobre todo con sectores afines y las hemos implementado. Pero este momento necesitamos más sociedad que Estado -ojo, no digo menos Estado-para establecer todos los mecanismos de diálogo y fortalecer los existentes, en procura de esos grandes acuerdos nacionales. La democracia permite establecer disensos, saber que hay segmentos sociales que piensan distinto no es malo, pero creo que es el momento de trabajar por los consensos.

Una de las propuestas del presidente electo Lenín Moreno fue combatir la corrupción. ¿Cuál será el rol de la Asamblea?

La revolución ética estuvo planteada desde el primer plan de Gobierno. Aquello sigue vigente y hay que implementarlo con más fuerza. Como fuerza política, la filtración de personajes vergonzosos en la gestión pública nos hizo mucho daño y ahora estamos más alertas con quienes colaborarán en el Gobierno. Junto con la sociedad y las otras fuerzas políticas debemos declararle una lucha sin cuartel a la corrupción y no porque antes no haya existido, sino recordemos lo que eran las aduanas, pero necesitamos erradicarla de lo público. Nada nos asegura que mañana no haya un mal funcionario de carrera o que un ente privado no intente acudir con el ‘hombre del maletín’.

Se cuestiona si las autoridades de control deben ser electas por el Consejo de Participación Ciudadana o volver a las ternas enviadas por el Ejecutivo a la Asamblea. ¿Qué opina?

El concepto de designación de autoridades es bueno. Si ahora hay quienes afirman que no existe independencia de funciones, dar esa facultad a una Asamblea con 74 legisladores de Alianza PAIS de un total de 137, sería la fuerza política la que tome la decisión. Actualmente se eligen mediante un concurso público de méritos y oposición donde demuestran sus conocimientos, una veeduría vigila el proceso y la ciudadanía puede impugnar. Es decir, el concepto tiende hacia la meritocracia, pero el procedimiento puede mejorar.

¿Cree que es necesario revisar el rol del Consejo de Participación?

La Función Ejecutiva y Legislativa tienen décadas de experiencia, mientras que esta tiene apenas ocho años, está en desarrollo. Podemos hallar elementos que mejorar para que la meritocracia y la participación ciudadana trabajen en un Código para la Función de Transparencia, que surja del diálogo con la ciudadanía y con cada órgano de control.

¿Hay una agenda prioritaria?

Nos reuniremos para jerarquizar las leyes en proceso de aprobación y las urgentes. Tenemos, por ejemplo, el Código de Salud y la Ley de Entidades de Seguridad; es necesaria una Ley para erradicar la violencia contra las mujeres; revisar la Ley de Educación Superior para que los institutos técnicos se cataloguen como universidades. (I)