El pasado 3 de mayo, el presidente saliente, Rafael Correa, firmó el Decreto 1369 (reforma), con el que se agrega una atribución al Servicio de Protección Presidencial, que es la de proporcionar, de ser necesario, la protección y seguridad a los expresidentes y exvicepresidentes de la República, sus cónyuges e hijos, por periodos de un año y 6 meses, respectivamente.

En el documento se establece que dichos plazos se podrán acortar o extender sobre la base del “informe de riesgos” que obligatoriamente se elaborará para el efecto.

El decreto reforma el apartado del artículo 3 del Decreto Ejecutivo 418, de julio de 2010, referido al sistema de seguridad integral de la Presidencia de la República. Correa justifica aquello al exponer que “es un deber del Estado ofrecer un esquema de seguridad a los expresidentes y exvicepresidentes”.

Con el decreto, se busca “asegurar una transición adecuada hacia su vida personal y familiar luego del referido ejercicio”.

Los encargados de la ejecución del nuevo decreto son los titulares de los ministerios Coordinador de Seguridad y de Defensa Nacional.

Sin embargo, la firma de ese decreto, que es normal en los países de la región, ha generado críticas, principalmente en redes sociales, por actores relacionados con la oposición al Gobierno.

Pese a las críticas, Ecuador es de los pocos países en dar seguridad solamente durante un tiempo determinado a sus exmandatarios.

En países del continente como Perú, Estados Unidos, Brasil y Colombia (ver gráfico), la seguridad para expresidentes es vitalicia, es decir, de por vida. Además, algunos de estos exjefes de Estado y sus familiares gozan de otros beneficios como sueldos, derecho a la salud y hasta el pago de empleados.

Analista destaca decreto

En una entrevista en Teleamazonas, Ricardo Camacho, experto en seguridad, confirmó ayer que expresidentes tienen protección de un escolta por un año y más, luego de dejar el poder.

“Lo que el presidente (Correa) ha hecho es correcto, porque lo que está normando es lo que ya venía ocurriendo y lo mejor que se puede hacer en la vida pública es solo lo que está normado”, dijo.

Destacó el decreto, ya que en este  se establece que se hará un análisis de riesgo, que representará, en el caso del presidente Correa que, “necesitará vehículos, con su chofer, una o dos escoltas. Eso lo decidirán los técnicos”.

Pero aclaró que en el caso de que Correa decida viajar a Bélgica, “tocaría ver las amenazas de allá de grupos terroristas, de grupos de ultraderecha, de algún ecuatoriano resentido”.

Dijo que la gran pregunta, en este contexto, es cómo darle seguridad en el país europeo y eso no aclara el decreto. “Existe un vacío porque se origina un inconveniente logístico complicado. Recordemos que Bélgica tiene su soberanía”.

Al respecto, Daniel Pontón, académico del Instituto de Altos Estudios Nacionales (IAEN), también concuerda con Camacho en que las autoridades deberían explicar si este decreto también entra en vigencia cuando un exjefe de Estado sale del país.

“Hay que aclarar a la gente porque existe una confusión de este decreto con el Servicio de Protección Civil que se está discutiendo en la actualidad. Pero no hay que confundirse”, concluyó. (I)