Los vocales del Consejo Nacional Electoral expusieron en audiencia pública sus alegatos de defensa ante el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio (CPCCS-T), ente que los evalúa.

Grupos de ciudadanos se concentraron desde temprano este 10 de julio, en los exteriores del CPCCS, en Quito, para mostrar su respaldo y también rechazo a los vocales del organismo electoral. La Policía vigiló que no se produzcan desmanes.

La presidenta del CNE, Nubia Villacís, inició refiriéndose al tema de la legitimidad en el cargo. Indicó que trabaja desde 1991 y ha sido funcionaria en diferentes gobiernos. Aseguró que no tienen fundamentos las acusaciones en su contra.

También defendió que en su expediente constan todos los certificados de las capacitaciones recibidas e impartidas sobre gobernabilidad, gerencia política, género y democracia.

Villacís señaló que no se puede mediante "informe técnico sesgado" deslegitimar sus iniciativas ciudadanas, por ejemplo contra la delincuencia.

Añadió que el informe hace valoraciones subjetivas, puesto que "nada impide que durante mi carrera profesional haya realizado y siga realizando actividades relacionadas con iniciativas ciudadanas". 

En su intervención, Villacís pidió que los nuevos consejeros sean elegidos por concurso y posesionados ante la Asamblea y "así se garantice la seguridad jurídica". 

Paúl Salazar, en cambio, mostró documentos que certificarían que su único bien es una casa de $114 mil y no de $ 11, 4 millones, como consta en una declaración patrimonial que dice que fue presentada por error.

Luego, el turno fue para la vicepresidenta del CNE, Marcela Paredes, quien no estuvo sentada junto a los demás vocales y pidió escuchar los alegatos de sus compañeros desde la Secretaría del CPCCS.

Al ser llamada a comparecer, señaló que siempre ha mantenido una posición crítica y ha sido la "voz disonante" al interior del CNE, lo que le ha significado "represalias".  

Señaló así que, tras sus observaciones al presupuesto para las elecciones del 24 de marzo del 2019, tres funcionarios de su despacho fueron despedidos. 

Tras esta diligencia, el Pleno del Consejo transitorio deberá adoptar una resolución en el término de 5 días.

Julio César Trujillo, presidente del CPCCS, aclaró que esta resolución también es impugnable. Los consejeros podrán presentar un recurso de revisión dentro de 3 días. (I)