El Instituto de Prensa y Sociedad (IPYS) es la principal organización que apoya el reciente pedido de asilo político realizado por el activista Fernando Villavicencio, al Gobierno de Perú.

Villavicencio solicitó el martes 18 de abril asilo en Perú, informó la organización. “Se ha presentado ante la cancillería peruana un asilo político, en la modalidad del asilo territorial”, dijo Roberto Pereira, consultor legal del IPYS, que asesora en el pedido a Villavicencio, quien se encuentra en Lima.

El político enfrentaba un juicio en su contra por el Estado ecuatoriano, luego de que fue acusado de un presunto delito de divulgación de información de carácter reservado. No es la primera vez que Villavicencio ha tenido problemas con la justicia, pues durante los gobiernos de Jamil Mahuad y Lucio Gutiérrez también ha enfrentado, cuando fue sindicalista petrolero.

El IPYS describe a Villavicencio como periodista, aunque no posee título como tal, más bien siempre se ha identificado como experto petrolero. Obtuvo una licenciatura en periodismo en la Universidad Cooperativa Colombia y registró su título en junio de 2010, pero 2 años antes dicha institución fue suspendida al detectarse una serie de irregularidades en su funcionamiento.

No obstante, Villavicencio publicaba escritos y notas en el portal web Focus y ha estado vinculado con la organización Fundamedios, un ente similar al IPYS, alineado a la oposición.

Villavicencio, junto con el entonces legislador Cléver Jiménez, afirmaron en 2010 que el presidente Rafael Correa simuló un secuestro el 30 de septiembre de ese año en el hospital de la Policía en Quito.

Incluso afirmaron que el Mandatario, ese día, salió de la casa asistencial y se dirigió a una universidad cercana para luego retornar al hospital, desde donde ordenó un operativo de rescate. La acusación fue calificada por la justicia como maliciosa y temeraria, pero nunca se entregó.

El pasado 29 de marzo, el activista presentó el libro El feriado petrolero, en el Círculo Militar; en el acto estuvieron presentes políticos opositores al Gobierno.

Defensa en Perú

De acuerdo con las declaraciones de Pereira, la mañana del pasado lunes, en la cadena radiotelevisiva RPP, las pruebas que se tienen alrededor de Villavicencio apuntan a “una supuesta persecución política del Estado ecuatoriano a través del poder judicial”.

Pereira criticó al Gobierno ecuatoriano, pues aseguró que el hecho de que las autoridades declararan la no injerencia de las resoluciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en este caso, es la muestra más clara “de la voluntad a desoír” cualquier tipo de garantías judiciales alrededor del ‘periodista’ en Ecuador.

Villavicencio, quien ingresó a Perú luego de que se emitieran los resultados de la segunda vuelta electoral en Ecuador, busca que su estadía esté protegida por la Ley de Asilos, emitida en 2002 y basada en los convenios de La Habana, Montevideo y Caracas.

En ese cuerpo legal se destaca la garantía que el Estado peruano otorga a las personas que solicitan asilo por motivos políticos y cuya libertad se considere amenazada.

Además, se resalta la necesidad de una revisión exhaustiva sobre la condición judicial que el solicitante tiene en el país de origen. En caso de que las condiciones para el asilo no sean las adecuadas, indica la ley, la expulsión se realizará a un tercer país, en el que se resguarde la integridad del individuo.

Para Jorge Díaz, analista jurídico, la petición de asilo por parte de Villavicencio ingresa  en un terreno de puja legal y política. “Perú se ha caracterizado por recibir a personajes ligados a la oposición de los regímenes políticos de sus respectivos países. El caso de Manuel Rosales, político opositor al chavismo (en Venezuela), es el más reciente de ellos”.

El analista mencionó que “chilenos, bolivianos y ecuatorianos han visto a Perú como un lugar estratégico, por cercanía y por inclinación democrática, para asilarse. Pero toda petición de protección deberá lidiar, en algún momento, con la temperatura política entre Perú y el país del que proviene el asilado”.

Bajo esa perspectiva, el ingreso de la carpeta de petición de asilo a la Cancillería peruana es la apertura de una espera que deberá ser analizada en los meses posteriores.

“Las relaciones entre Ecuador y Perú nunca fueron más buenas que las que vivimos actualmente, sin duda una petición de esta naturaleza influirá en ellas, pues de un lado y otro se espera cooperación con los intereses inmediatos de los respectivos gobiernos. La decisión del asilo no será tan fácil de tomar”, manifestó Díaz.

El IPYS llama a la admisión de la petición de asilo hecha por Villavicencio e insta a la CIDH a renovar las garantías de resguardo. (I)

DATOS

En su página web, el Instituto de Prensa y Sociedad, con sede en Lima, se cataloga como ‘una organización civil que promueve el periodismo de investigación, la libertad de expresión y el acceso a la información pública en América Latina’.

Esta organización nació en 1993, durante el gobierno del entonces presidente peruano Alberto Fujimori. También existen instituciones asociadas en Venezuela (desde 2002) y en Colombia (desde 2008).

Según información de Perú, cada semana, se calcula que ingresan entre 300 y 400 ciudadanos venezolanos, lo que ha provocado un desborde de los servicios de atención migratoria y una revisión de las condiciones de asilo que promulga el Estado.

El año pasado Villavicencio fue declarado insolvente en un juicio. (I)