El  Comité de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas reconoció los esfuerzos de Ecuador por garantizar la igualdad de género, los derechos de las personas LGBTI, las personas con discapacidades y quienes están privados de la libertad. También destacó la lucha contra la violencia de género al interior de planteles y cárceles.

El balance del informe -de ocho páginas- fue calificado como positivo por el Canciller Guillaume Long, quien indicó que se respondieron 156 preguntas del ente internacional.   

Cada 5 o 6 años el Comité analiza la situación de los países que han ratificado el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos para emitir recomendaciones a favor de los derechos humanos.  

Por Ecuador acudieron hasta Ginebra los representantes de la Asamblea Nacional, la Procuraduría, la Corte Constitucional. La delegación estuvo encabezada por el Canciller.

El documento reconoce, por ejemplo, los esfuerzos del Estado para reducir la brecha salarial entre hombres y mujeres, y propiciar la participación de la mujer en cargos públicos como la Asamblea Nacional o la Corte de Justicia. También  remarca que la Constitución ecuatoriana prohíbe la discriminación por identidad de género u orientación sexual y la clausura de centros de rehabilitación de adicciones y de “tratamientos para curar la identidad sexual”.  

Las medidas de prevención de este tipo de violencia al interior de los planteles educativos, facilitando la denuncia de esos casos, fueron reconocidas por el organismo, cuyo último informe fue en 2009.

La ministra de Justicia, Ledy Zúñiga, mencionó que otro de los avances del país fue la reducción del hacinamiento en los reclusorios, que antes de 2010 registraban índices de hasta el 150% y que al cierre de 2015 fueron inferiores al 1%.

Ello incidió en la reducción de las muertes violentas en cárceles (61 casos reportados en 2005) y en las políticas de rehabilitación social.  

Otro de los logros citados por el Comité es la conformación de una Comisión de la Verdad y la aprobación de una Ley para la reparación de víctimas de violación de los derechos humanos. Ecuador y Chile son pioneros en la investigación y judicialización de delitos de lesa humanidad. Zúñiga apuntó que el informe no reconoce que en Ecuador se hayan violado los derechos humanos.

Por otro lado, el informe recomienda al Estado garantizar que todas las personas ejerzan su derecho a la reunión pacífica y eliminar todas las formas de uso excesivo de la fuerza por parte de las entidades de seguridad.

Frente a ello, el viceministro del Interior, Diego Fuentes, aclaró que la Comisión reconoció que los alegatos presentados ante el organismo hacen referencia a manifestaciones civiles violentas y que en ninguno de los casos se demostró el uso desmesurado de la fuerza.

El funcionario indicó que uno de los avances ha sido capacitar a las entidades de control en derechos humanos y establecer protocolos internacionales sobre el uso progresivo de medidas extremas. Precisamente esa fue una de las observaciones del informe de 2009. “No existen casos comprobados  de uso excesivo de la fuerza. En todo caso, enviaremos los documentos que acreditan cómo internamente la Policía Nacional abrió investigaciones para determinar si después de un evento de control de orden público hubo abusos para contener o solucionar problemas”, contó Fuentes.

En cada investigación se solicitó la colaboración de los colectivos que denunciaron supuestas violaciones y no hubo respuesta para profundizar las indagaciones. Esto también será remitido al Comité.

El canciller Long explicó que el informe recoge alegaciones, que carecen de nombres o verificación, presentadas por ciertas ONG de oposición al Gobierno que se consideran representativas en el país. En el país están registradas 77.000 de estas agrupaciones.  

“Creemos en la sociedad civil, pero no pueden haber tres ONG que representen al conjunto de la sociedad civil (...) que son siempre las mismas y que están vinculadas a financiamiento internacional, así como a partidos y líderes de oposición que viajan por una semana a Ginebra o Washington”.

Por ejemplo, el informe reconoce que la Ley de Comunicación consagra importantes principios relativos a la libertad de expresión, pero que algunas disposiciones legales y prácticas podrían “desalentar la expresión de posiciones críticas o la publicación de información crítica en los medios de comunicación y redes sociales en general”.   

El secretario de Comunicación, Patricio Barriga, consideró infundadas esas observaciones y precisó que en Ecuador no hay un solo detenido por emitir una opinión y que, por el contrario, existe una Ley que  garantiza derechos como la cláusula de conciencia o la reserva de la fuente.

La ministra Zúñiga indicó que el Gobierno creará un mecanismo que dé seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones planteadas en el informe, en donde se involucre a todas las instituciones que reportan sobre derechos humanos.

Otra de las alegaciones presentadas ante el Comité refiere el supuesto uso del Código de la Función Judicial para destituir a jueces  bajo la figura del “error inexcusable”, por lo que se recomienda incrementar los esfuerzos para asegurar la independencia de esta función.

El informe también se refiere a una supuesta concesión de contratos petroleros en territorios indígenas sin que se consulte previamente a las comunidades afectadas.
Zúñiga reiteró que esas alegaciones no fueron contrastadas y que, como consta en el informe, el país tiene un año para ampliar esa información. (I)