El Comité reconoce que la Ley de Comunicación consagra principios relativos al derecho a la libertad de expresión, pero también hace observaciones al respecto...

La Ley consagra los derechos de los comunicadores, por ejemplo, para que no se sometan a presiones de grupos fácticos o del poder político o económico, que censuran de manera previa la información. También garantiza la reserva de la fuente para fomentar la investigación y la cláusula de conciencia, pero de manera infundada se señala que hay restricciones al ejercicio periodístico en algunos temas. Es por ello que las afirmaciones de quienes actúan como voceros de los intereses de ciertos medios y grupos políticos no tuvieron asidero y el informe solo habla de alegaciones.

Son varios los medios que a través de artículos de opinión insisten en que no hay libertad de expresión en Ecuador. ¿El informe del Comité desacredita esas voces?

Eso es justamente lo paradójico. Esos medios usan sus espacios de opinión para decir que aquí no hay libertad de expresión, pero pueden publicarlo. Es un contrasentido, carece de argumentación. En Ecuador no hay un solo medio cerrado por su línea editorial o periodista alguno detenido por opinar, pero hay un cambio en la ciudadanía que hoy exige su derecho a rectificar o a la réplica.

Fundamedios es una de las ONG que más “alerta” sobre los atentados contra la libertad de expresión. ¿El informe del Comité deja sin piso esas denuncias?

Es una organización que quizá defiende los derechos de las empresas de comunicación o los derechos políticos de una organización, pero que no se disfracen como defensores de los derechos humanos. Ha sido muy clara su actuación política y, si bien tienen el derecho a expresarse, deben decir con claridad qué derechos están defendiendo. (I)