La Junta Provincial de Los Ríos se trasladó el jueves 10 de mayo a Quito para cumplir con la sentencia emitida por el Tribunal Contencioso Electoral (TCE), y terminar el proceso de escrutinio antes de proclamar los resultados.

Según la resolución, el organismo debe retomar la sesión suspendida el 2 de abril de manera que culmine con todas las reclamaciones de las organizaciones políticas.

Pese a esta decisión el proceso de escrutinio en esta provincia se encuentra rezagado. De allí que aún no se puede declarar a los ganadores de las elecciones del pasado 24 de marzo.

El presidente de esa junta Danilo Zurita, indicó que para cumplir con la disposición empezaron la revisión de 686 reclamaciones que incluyen a 1.900 juntas de diferentes recintos electorales. Además recibieron otros 28 formularios correspondientes a pedidos de revisión de actas del cantón Baba.

Las causales por las que revisan las reclamaciones son por inconsistencias numéricas, falta de firmas del presidente de la junta receptora del voto y del secretario, y el acta de difusión pública que no coincide con la ingresada al sistema.

Si se corroboran estas inconsistencias, implicaría la apertura de las urnas. “La sentencia del TCE no señala plazo para esta labor, pero esperamos hacerlo lo más rápido posible”, aseguró el funcionario.

Una vez culminada esta etapa, se notificará a todos los movimientos políticos que participaron, sobre los resultados para que en un plazo de 2 días los candidatos presenten las impugnaciones al Consejo Nacional Electoral (CNE).

Si ingresan reclamos, el organismo tiene otras 48 horas para resolver. Si la demanda se niega la ley permite que puedan acudir como última instancia al TCE, que a su vez tiene 5 días para emitir una sentencia. Sin embargo, por más rápido que avance el proceso, no estará listo el 14 de mayo, fecha en que según la Constitución deben posesionarse las autoridades electas.

Según el calendario del CNE, hasta ese día está planificada la entrega de las credenciales a los ganadores de 21 provincias. Además de Los Ríos están pendientes recursos por resolver de Manabí y Esmeraldas en el TCE.

El presidente del Tribunal, Joaquín Viteri, dijo que recibieron 101 procesos, de los cuales resolvieron 61; hay 40 pendientes que deben solventarse los próximos 6 días.

El Consejero del CNE, Luis Verdesoto, aceptó que el retraso en el caso de Los Ríos ocasionaría que algunas de las autoridades no puedan posesionarse hasta la finalización de los procesos.

Puntualizó que solo determinadas personas no podrán asumir los cargos hasta cuando se ventilen completamente las apelaciones. Verdesoto recalcó que, al momento, buscan el respaldo legal que justifique el aplazamiento de los nombramientos de las autoridades.

El vicepresidente del CNE, Enrique Pita, dijo no saber cuándo terminará el proceso porque en el caso de Los Ríos, las organizaciones políticas tienen derecho a plantear impugnaciones al CNE y apelaciones al TCE.

El funcionario lamentó la resolución del CNE que convalidó la clausura de la sesión pública de escrutinio en Los Ríos causó este problema y que “el TCE enderezó de alguna manera”.

Al respecto, Diego Zambrano Álvarez, docente de Derecho Político de la Universidad Internacional (UIDE), dijo que el CNE debía incluir en su cronograma los plazos previstos en el Código de la Democracia para conocer y resolver recursos.

Todos estos momentos intermedios necesitan ser contabilizados en la planificación del calendario electoral y así derivar responsabilidades posteriores, si no cumplen con los tiempos.

A juicio del catedrático, esta actuación del CNE “podría generar responsabilidad administrativa y política para las autoridades de la Función Electoral”.

El analista Esteban Ron comentó que la posesión con posterioridad de las autoridades en Los Ríos producirá acefalía en las instituciones mientras se posesionan o quedarán prorrogadas las funciones de las autoridades.

Esta situación deberá determinarla el propio órgano electoral, en coordinación con los Gobiernos Autónomos (GAD), afectados por la situación. (I)