El programa “Time to teach” (tiempo para enseñar), que el gobierno anterior publicitó y  generó la expectativa de estudiantes, profesores, padres de familia y del país en general, inició en diciembre de 2016 con la bienvenida oficial a 312 voluntarios extranjeros.

Un año después, el programa se vino abajo debido a por lo menos cinco presuntas irregularidades: mal uso de recursos públicos; tráfico de influencias;  problemas en el trámite para el alojamiento; el no pago de sueldos y la falta de regularización migratoria de los profesionales foráneos.

Algunos de ellos viven un drama porque están enfermos, en la desocupación y sin dinero para solventarse un vuelo de retorno a sus países de origen.

La Contraloría General realiza un examen especial. El objetivo es determinar qué ocurrió con los recursos públicos utilizados en este programa.

A “Time to teach” el gobierno anterior le asignó un presupuesto de $ 37’925.160, de los cuales se desembolsaron $ 6’544.008 durante un año de ejecución, sin resultados.

¿Qué abarcaba el programa?

“Time to teach” consistía en que docentes angloparlantes voluntarios vengan a residir en Ecuador durante un año, a enseñar el idioma inglés a niños y jóvenes de establecimientos educativos fiscales.

A cambio, cada voluntario recibiría un sueldo mensual y se le ayudaría en la tramitación de su estatus migratorio y de un lugar donde vivir.

Para ello se firmó un convenio entre el Ministerio de Educación y la Fundación Edificar,  con el fin de suplir el déficit de 3.000 profesores de inglés que registraba para entonces el sistema de educación público.

Se trataba de un modelo de programa usado en otros países de la región con buenos resultados. Pero en Ecuador se canceló al año de su ejecución por acusaciones mutuas de incumplimiento por parte de los protagonistas del convenio.

Una serie de irregularidades

El 19 de diciembre de 2016 se realizó un evento en Quito en donde se anunciaba que docentes extranjeros se iban a incorporar al Magisterio. Foto: Carina Acosta/et

Según el convenio firmado con el Ministerio de Educación, Fundación Edificar era la encargada de adquirir los pasajes aéreos de ida y vuelta para los voluntarios extranjeros; de tramitar la visa; dar cobertura de seguro médico privado y entregar ayuda financiera mensual para gastos personales, vivienda y alimentación del personal que venía de distintos continentes (ver infografía).

Para ello se presupuestó $ 12.684 anuales por cada docente, equivalente a $ 1.057 al mes. De esa suma, al voluntario le correspondía líquido $ 350.

Voluntarios como Higgins White, de Sudáfrica, dijo a los Medios Públicos que durante su participación en el programa tuvo inconvenientes. Se siente afectada y considera que se debería investigar a fondo.

En total el programa reclutó a 762 voluntarios por intermedio de la Fundación Edificar: 312 para el régimen Sierra 2016-2017 y 450 para el régimen Costa 2017-2018.

No obstante, en diciembre de 2017 Edificar notificó al Ministerio de Educación la terminación del convenio. Esto generó incertidumbre y perjuicio entre los profesores extranjeros. A muchos de ellos no se les cumplió con la legalización de documentos migratorios,  los recursos para alojamiento y los pasajes aéreos de retorno.

Frente a las denuncias de los afectados, el abogado de Edificar, Raúl Salgado, aseguró que el Ministerio de Educación incumplió el convenio, lo que impidió continuar el programa.

“El año pasado le correspondía al Ministerio realizar transferencias económicas para financiar el proyecto, pero  no lo hizo”, aclaró.

En enero de 2018 -según documentos a los que tuvieron acceso los Medios Públicos-, al conocer la decisión de Edificar de terminar el convenio, el Ministerio de Educación planteó un proceso de cierre ordenado.

Para ello se comprometió a asignar recursos suficientes para atender la situación de los foráneos que aún permanecían en el país, con un monto acordado de $ 522.678,25.

“Ese dinero habría servido para hacer el proceso de repatriación a cada país de origen, a quienes vinieron bajo un formato de voluntariado a impartir inglés”, añadió Salgado. Lamenta que no se concretó.

Álvaro Sáenz, viceministro de Educación, argumentó que al revisar la ejecución del programa se detectaron irregularidades. Entre ellas detalló que se reclutó a voluntarios que no eran maestros, es decir, no tenían título que los acredite.

“El sentido general era que vengan personas de países angloparlantes con gran suficiencia de inglés, de tal manera que cumplan con este papel. Pero en algunos casos encontramos que el nivel, conocimientos o el tipo de inglés que tenían no era el universal que se requería para el aprendizaje acá”, explicó Sáenz.

Dijo que a ello se suma una acusación por posible tráfico de influencias entre una funcionaria del Ministerio de Educación y el titular de Edificar.

“En el Ministerio, la coordinadora del programa era esposa del presidente de Edificar, una fundación que fue calificada sin experiencia en este tipo de programas especiales y complejos”, sostuvo.

Remarcó que revisaron los procesos y encontraron que se contrató a personas que no tenían la capacidad pedagógica y, por lo tanto, no podían sacar la visa, pero aún así trabajaban.

En el convenio firmado por el exministro de Educación, Freddy Peñafiel y el director ejecutivo de Edificar, Ricardo Cisneros, se menciona que los docentes que se incorporen al programa serán angloparlantes o están acreditados con un mínimo nivel de conocimientos del idioma, el cual se comprobará  mediante una evaluación.

El abogado de Edificar adujo: “El Requisito era que tengan un nivel de inglés b2. Consecuentemente todos tenían ese nivel. Jamás el Ministerio (de Educación) observó o cuestionó esto, solo al final, cuando no quiso pagar sus obligaciones contractuales”.

En cuanto a la presunta falta de experiencia, Edificar argumentó que recibió asesoramiento de organizaciones y fundaciones del exterior que ejecutan programas similares.

97 voluntarios viven un viacrucis

En medio de este cruce de acusaciones, el 59% de docentes que participaron del programa de voluntariado aún permanece en el país impagos, sin trabajo y viviendo una pesadilla.

La mayoría espera solucionar su situación migratoria, ya sea para regresar a sus países o ser parte de un plan por parte del Ministerio de Educación.

Según cifras del Ministerio de Educación, hasta enero de 2018, de los 450 voluntarios,  266 aún permanecían en el país; de ellos, 169 contaban con documentación legalizada y fueron contratados por el Ministerio para terminar su voluntariado en el régimen Costa, mientras que 97 no pudieron tramitar su visa de trabajo por no tener un título de docentes.

Algunos de ellos trabajaban  con visa de turistas. La razón, según Edificar, es que la Cancillería les otorgaba pocos turnos para realizar el trámite migratorio. Raúl Salgado abogado de Edificar, aseguró que “la obligación de la coordinación para el otorgamiento de las visas era del Ministerio de Educación y no cumplió tampoco esto”.

Dijo que Edificar gestionó las visas, pero Cancillería atendía máximo 20 trámites por semana y eran 450 personas. “Hagan cálculos de cuántas semanas tenían que permanecer los docentes para solucionar su situación migratoria”.

Sobre las 97 personas pendientes de solucionar su problema, el Ministerio dijo que  están realizando las gestiones. Y que en el momento que regularicen sus visas los contratarán para el proceso educativo y que sigan colaborando por un tiempo y así arreglar el tema de sus pasajes, estadía y  puedan decidir cuándo se van o continúan trabajando en el país.

No obstante, a quienes les ofrecieron la posibilidad de ingresar al magisterio, desde enero a la fecha no han recibido la remuneración de $ 812. Uno de estos casos es el de Susan Venter, de 55 años, quien llegó desde Sudáfrica para formar parte de “Time to teach”.

Actualmente está en Loja con recursos económicos muy limitados y afectada en su salud: años atrás sufrió un accidente, perdió un riñón y necesita medicina y dieta especial.

No ha podido obtener sus documentos, por lo que el Ministerio de Educación no le paga su remuneración. “Como profesora por casi 30 años,  nunca fui tratada así. He pasado hambre, por suerte tengo amigos y me dan un lugar dónde dormir. Perdí mi riñón y necesito medicinas, frutas y vegetales que no he podido comprar”. Aún le adeudan cinco meses.

Al voluntario venezolano Ricardo Torres también le dieron un contrato como docente, pero no le pagan lo acordado.

“Luego del despido masivo en diciembre, a través de un correo el Ministerio nos contactó e indicó que iban a encargarse de cancelarnos el valor de enero y respaldar lo que habíamos hecho. Eso no sucedió, van cinco meses y no recibimos ningún pago”, indicó.

Ambos han tenido acercamientos con abogados de derechos humanos y no descartan iniciar acciones legales por la forma en que han sido tratados.

Torres confirmó que la remuneración establecida fue de $ 812 por enero y un nuevo contrato por seis meses más que tampoco se ha cumplido en su caso, porque sus documentos no están legalizados.

En algunos casos, los mismos docentes han cubierto los costos para regularizar su situación migratoria, porque el Ministerio de Educación culminó el convenio y eso liberó a Edificar de tramitar las visas.

Además, la poca colaboración de la Cancillería y del Ministerio de Educación los ha expuesto -según contaron- a la deportación por haber excedido el tiempo de estancia en calidad de turistas en el país.

Hasta el cierre de esta edición, el Ministerio de Relaciones Exteriores no respondió la solicitud de información.

La Defensoría del Pueblo receptó 300 denuncias

A mediados de noviembre de 2017, voluntarios que formaron parte del programa “Time to teach” (tiempo para  enseñar) y que se sentían afectados acudieron hasta la Defensoría del Pueblo a presentar denuncias. Lo hicieron en las ciudades de Quito,  Portoviejo y Santo Domingo de los Colorados.

La Defensoría identificó cerca de 300 casos que reportaron inconvenientes en la ejecución del programa de enseñanza de inglés, que lo llevaban adelante el Ministerio de Educación y Fundación Edificar.

Rodrigo Varela, director General Tutelar de la Defensoría del Pueblo, explicó que existen casos donde los voluntarios tramitaron  sus documentos migratorios y pagaron el respectivo costo.

Lo hicieron ellos mismos pese a que -según Varela- lo debió hacer Edificar y el Ministerio de Educación apoyados por el Ministerio de Relaciones Exteriores.

Sin embargo, otros voluntarios no pudieron obtener sus documentos y su situación migratoria actual es irregular.

Ese inconveniente implica que no puedan ser contratados para trabajar, además de afectar otros derechos para llevar una vida digna como les ofrecieron y lo debe garantizar el Estado ecuatoriano.

Las acciones emprendidas por la Defensoría del Pueblo tras las denuncias se han centrado en obtener información.

Realizan un seguimiento para saber cómo avanzan los trámites y en qué condiciones están los extranjeros que aceptaron ser contratados directamente por el Ministerio de Educación.

También están elaborando una resolución defensorial en la cual se emitirán recomendaciones a los organismos involucrados para que solventen los inconvenientes registrados durante la ejecución del programa de voluntariado de docentes extranjeros.

Además de realizar esos exhortos, Varela indicó que la Defensoría del Pueblo tiene otras medidas jurisdiccionales que podrían  aplicarlas.

Para ello se analizará caso por caso con el fin de garantizar los derechos de los voluntarios.

Dijo que se solicitó a la Cancillería disponer de otras medidas para atender de manera adecuada estos casos hasta normalizar las visas correspondientes.

La Defensoría, luego de emitir su resolución, hará un seguimiento del caso para precautelar que los  derechos de los voluntarios estén  garantizados.

Sobre el tema, el actual Ministro del Educación, Fander Falconí, ha manifestado que a pesar de los inconvenientes registrados, se continuará con el programa de inglés en el sector público.

Resaltó que lo detectado con el sistema “Time to teach” fue una especie de tercerización.

Por tal motivo -dijo- se buscó la alternativa de una contratación directa de pedagogos por parte de esa cartera de Estado, para garantizar el aprendizaje del idioma inglés en nuestro país, con la ayuda de los profesores extranjeros que aún no se han marchado del país. (I)