Los socialcristianos y los correístas unidos votaron a favor del juicio político contra la ministra de Gobierno, María Paula Romo. Así, nueve de los 11 legisladores de la Comisión de Fiscalización aprobaron el informe que recomienda sancionar y destituir a la Secretaria de Estado.

¿La razón? Supuesto incumplimiento de funciones por el uso de bombas lacrimógenas caducadas; lanzamiento de bombas lacrimógenas cerca de centros de paz y acogida humanitaria; y un supuesto uso excesivo de la fuerza en el control del orden público. Esta última causal no constó en el proceso desde el inicio y se añadió al informe que hizo la Comisión ocasional que investigó los hechos del paro nacional de octubre de 2019. 

La Comisión desechó la causal de "convocatoria tardía al Comité Interinstitucional para la Protección de Periodistas y Trabajadores de la Comunicación", pues según el acuerdo de creación de este Comité, la autoridad encargada de la convocatoria es la Secretaría Jurídica de la Presidencia. 

Durante su comparecencia del 31 de octubre en la comisión, la ministra Romo presentó dos informes de los cuales se concluye que las bombas lacrimógenas caducadas no perjudican a la salud del ser humano y que se usaron en las manifestaciones luego de que las acciones violentas desbordaran la capacidad operativa de la Policía Nacional. "Si no teníamos suficiente material para dispersar las manifestaciones, ¿qué sugieren ustedes? ¿Qué le habría dicho yo a la policía, que saquen sus armas? Esa es una instrucción que no habría dado. ¿Qué sugieren ustedes, que tenía que decirle a la policía que como no teníamos material con la fecha exacta lo que debían hacer era replegarse a sus cuarteles y dejar desprotegidos a millones de ecuatorianos que se veían atacados por hordas violentas? Tampoco habría dado esa instrucción", señaló. 

De acuerdo al artículo 83 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa (LOFL), el informe tendrá que ser enviado a todos los legisladores en 48 horas, mientras en un plazo máximo de cinco días se convocará al pleno de la Asamblea. La ministra de Gobierno tiene derecho a la defensa en máximo tres horas, según el artículo 84 de la LOFL. Se necesitan de 91 votos para la sanción y destitución. 

La Secretaria de Estado aseguró a través de su cuenta de Twitter que "los protagonistas de octubre buscan su destitución como premio consuelo". 

En @FiscalizacionAN se impuso la tesis de la violencia y la anarquía que afectó a todo un país y buscó un golpe de estado. Los protagonistas de octubre buscan mi destitución como premio consuelo. Yo, seguiré del lado de la verdad, la paz y la democracia como lo estuve en octubre.

— María Paula Romo (@mariapaularomo) November 5, 2020

El asambleísta Franco Romero durante la sesión aseguró que tratándose de una autoridad civil, es imposible que Romo sea sancionada con artículos del Código de Entidades de Seguridad Ciudadana correspondiente para funcionarios policiales. Por lo que habría una aplicación inadecuada de la normativa.   

El legislador del correísmo, Esteban Melo, dijo que la Ministra actuó de forma irresponsable. "Esperábamos que en la comisión nos informe que los responsables de lanzar bombas a las zonas de acogida humanitaria fueron sancionados, pero nada de eso ocurrió". (I)