Ante la posibilidad de llamar a consulta popular, varios sectores sociales y políticos han dado sus reacciones al respecto. La constante en todas las solicitudes que apoyan la consulta popular: eliminación del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) y la supresión de la reelección indefinida.

El pasado lunes, en su informe semanal, el presidente Moreno abrió la posibilidad de la existencia de una consulta popular. Dijo que “si alguien quisiera obstruir la verdad o poner en riesgo la institucionalidad de nuestro país, no dudaré ni un solo minuto en acudir a la voluntad y a la voz del pueblo”.

Frente a esto, movimientos sociales, partidos políticos e, incluso, comisiones de la Asamblea Nacional reaccionaron al respecto y solicitaron se tome en cuenta inmediatamente llamar a consulta popular.

Al día siguiente del anuncio del Presidente, el movimiento Unidad Popular (UP) presentó una propuesta con seis preguntas para que sean consultadas al pueblo.

En este sentido, el líder de UP, Geovanny Atarihuana, alertó de la necesidad inmediata del sondeo popular y afirmó que el movimiento se encuentra a favor de la supresión del CPCCS, así como la cesación de funciones de las autoridades de control designadas por este.

“Es indispensable que el pueblo ecuatoriano participe. La forma más rápida para desmontar el aparato de impunidad es la consulta popular”, afirmó Atarihuana.

En la Comisión de Participación Ciudadana, de la Asamblea Nacional, también se solicitó que se considere convocar al pueblo a una consulta popular.

El presidente de esta mesa legislativa, Héctor Yépez, considera que los últimos casos de corrupción han influido para esta decisión.

Sin embargo, Yépez es menos radical. Si bien enfatiza que este organismo ha sido el encargado de designar “a los funcionarios a quienes se les ha comprobado casos de corrupción”, eliminarlo significaría que la ciudadanía pierda la oportunidad de participar activamente.

Yépez comentó que es necesario cesar de sus funciones a los miembros del CPCCS e implementar nuevas reglamentaciones para evitar tanto la politización en la función, como la “elección eficaz de una autoridad de control”.

Para Raquel González, presidenta del CPCCS, el pueblo ya fue consultado sobre la creación de esta función “y afirmó que sí quería que sus derechos de participación sean garantizados con este organismo”.

Para la asambleísta Mae Montaño otro tema prioritario que debe ser consultado al pueblo es la reelección indefinida. Afirmó que “estas son algunas fallas del sistema estatal, las cuales han facilitado la corrupción en los últimos años en casos investigados por Fiscalía”.

Sobre este mismo tema se pronunció el prefecto del Guayas, Jimmy Jairala: “me parece democráticamente saludable la consulta […] Es un mecanismo constitucional y no es ningún invento del Presidente”.

A pesar de esto agregó que es un tema sensible “porque las preguntas pasan por un tamiz que se llama Corte Constitucional, que será la que diga qué preguntas proceden y cuáles no”.

Jairala afirmó que cuando existen coincidencias en las preguntas, “es en que debe darse la consulta, pero debemos esperar para ver qué va a preguntar el Mandatario”.

El asambleísta Pabel Muñoz, de Alianza PAIS, afirmó que trabajar con el pueblo es uno de los ideales. Sin embargo dijo que “nunca estaremos de acuerdo en llamar a una consulta popular para acceder a una desinstitucionalidad del país”.

Aunque este tema sigue en discusión dentro de varios sectores del país, serán el presidente Moreno y la Corte Constitucional quienes tomen las decisiones al respecto. (I)

DATOS

La Constitución de 2008 establece la creación del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social como una entidad autónoma, que forma parte de la Función de Transparencia y Control Social.

El CPCCS es el encargado de receptar e investigar denuncias que pudieran afectar la participación ciudadana, que generen corrupción o vayan en contra del interés social, así como de tramitar pedidos ciudadanos.

El 4 de diciembre de 2015 con 100 votos a favor, la Asamblea Nacional aprobó la eliminación de todas las restricciones para la reelección de cargos sometidos al voto popular, incluido el de presidente.

La última consulta popular estableció que los funcionarios públicos no tengan bienes en paraísos fiscales y fue convocada por el expresidente Rafael Correa Delgado. (I)

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Muerte cruzada no tiene acogida en legisladores

Los legisladores lamentaron las declaraciones del exconsejero Ricardo Patiño, que en una radio capitalina, afirmó que “si (el Presidente) Lenín Moreno no desarrolla políticas que concuerden con la Revolución Ciudadana, PAIS podría considerar una muerte cruzada”.

Bloques de la oposición y del propio movimiento afirman que dicha declaración es un criterio personal. Además concuerdan con que el país goza de estabilidad política, por lo que no haría falta la muerte cruzada, una figura constitucional que da potestad al Mandatario o a la Asamblea Nacional para el cese de sus funciones y que se convoque a un nuevo proceso electoral.

Daniel Mendoza (PAIS) dijo que esa iniciativa dependería del Ejecutivo. “No es algo que esté considerado. Para decir que esta figura está descartada, habría que preguntarle al mismo Presidente”.

María José Carrión, también de PAIS, dijo que al momento, no ha visto que Moreno se haya alejado del proyecto político, salvo el trato del dinero electrónico. “La muerte cruzada puede darse por la existencia de una gran conmoción política. Yo, al momento, no veo eso”.

Cristina Reyes (PSC) lamentó que Patiño viva en la “añoranza” de la gestión del expresidente Rafael Correa. “Son intentos conspirativos, de boicotear la gestión del presidente Moreno”. Roberto Gómez (CREO), espera que PAIS rechace esa declaración de Patiño. (I)