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Ecuador, 25 de Diciembre de 2024
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En el sector público aún quedan 61 vehículos de lujo para ser rematados

En el sector público aún quedan 61 vehículos de lujo para ser rematados
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Hasta la fecha las diferentes entidades del Estado han entregado al Servicio de Gestión Inmobiliaria del Sector Público (Inmobiliar) 91 vehículos denominados de alta gama o de lujo, para que sean rematados.

Así lo dispuso una de las cuatro medidas de austeridad decretadas por el presidente de la República, Lenín Moreno, en agosto de 2017. De los 91, han sido vendidos 45 y quedaron 61 para una próxima subasta que se cumplirá en septiembre de 2019, según lo planificado por Inmobiliar.

Se trata de autos que pasaron de la banca cerrada al Estado, otros que fueron retenidos por temas de narcotráfico o lavado de activos y algunos donados, que están divididos en tres categorías: gama baja, gama alta y VIP.

La orden del Ejecutivo fue que se utilicen máximo dos carros de este tipo por cada Ministerio y en base a un informe.

Sobre la necesidad de que autoridades del jerárquico superior de los diferentes ministerios cuenten con autos de alta gama, el reglamento del decreto autoriza el uso máximo de dos vehículos todoterreno.

En caso de disponer de más de dos, el número en exceso se deberá poner a disposición de Inmobiliar para su respectiva redistribución o enajenación, con la única excepción de que sea para el parque automotor asignado a la Presidencia de la República.

La entidad verificó que 58 instituciones gubernamentales reportaron un total de 334 vehículos considerados de lujo, de los cuales 69 son donación extranjera.

Pablo Vivanco, director administrativo de Inmobiliar, explicó que efectuaron tres subastas para vender los carros recuperados, lo que permitió recaudar $ 820.648.

El proceso consistió en una subasta pública ascendente, que partió con el precio base hacia arriba.

Los autos se valoraron de acuerdo a su estado, y los precios oscilaron entre $ 5 mil y $ 26 mil como precio base. Un perito calificado del Consejo de la Judicatura (CJ) estableció el avalúo.

No obstante, en la última subasta que se realizó en mayo de 2019 salieron al remate 16 carros, pero no se vendió ninguno. Además de los otros dos procesos quedaron 45 carros, por lo que al momento están en las bodegas de Inmobiliar 61 de ellos.

El funcionario señaló que a partir del decreto ninguna entidad ha comprado carros y que el parque móvil de todo el sector público asciende a alrededor de 15 mil automotores, en las distintas dependencias a nivel nacional.

Reveló que para septiembre de 2019 se programará otra subasta, pues necesitan vender los carros restantes, porque el bodegaje tiene un costo de $ 2.400 mensuales en pagos de guardianía.

Cada entidad es responsable por los automotores que maneja y su mantenimiento. Cuando necesitan adquirir vehículos hacen un estudio previo que debe aprobar la Presidencia.

La página web de Inmobiliar señala que el Estado mantiene un parque automotor de 15.310 carros, de los cuales 8.375 están en buen estado, 4.695 regular y 2.240 en malas condiciones; estos ingresarán a un programa de chatarrización.

Parte del plan de optimización se concentra también en vehículos que no necesariamente son de gama alta, pero cuya funcionalidad no corresponde a la naturaleza de la institución en la que se encuentren.

Un funcionario consultado señaló que cada ministerio gasta en el mantenimiento de sus vehículos y que en el caso de uno de lujo solo el cambio de aceite puede costar hasta $ 200.

La responsabilidad, transparencia y sinceramiento del estatus de los vehículos “corresponden exclusivamente a las carteras de Estado que entregan los autos, lo que ayuda a que el gobierno ahorre”, comentó José Emilio Vásconez, docente de la Universidad Internacional.

Además de carros, Inmobiliar tiene bajo su administración 4.723 bienes en todo el país, entre casas, terrenos, oficinas, parqueaderos y solares. Estos bienes también están al momento bajo clasificación para poder determinar cuáles saldrán a la próxima subasta.

Al momento, los técnicos se encuentran arreglando temas de catastro y evaluación para determinar el beneficio que tendrá el Estado por la venta. (I)

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