Con un disparo al aire concluye el video que amenaza de muerte a la fiscal Diana Salazar, reconocida por investigar casos de corrupción como La Roca, FIFAGate y Odebrecht.

El video llegó a la funcionaria judicial vía Whatsapp y deja al descubierto los nombres de su esposo, hijos y padres, acompañado de fotos de su domicilio y de una institución educativa, lo que evidenciaría la persecución de la que ha sido víctima su familia.

A pesar de que no es la primera vez que Salazar es amenazada de muerte, la Fiscalía General del Estado hizo pública su denuncia y ha expresado todo su respaldo.

El fiscal general Carlos Baca Mancheno dispuso redoblar la seguridad para la funcionaria y sus familiares más cercanos.

César Navas, ministro del Interior, informó que están indagando el origen no solo del video sino de todos los mensajes que ha recibido Salazar.

Las acciones de seguridad y de investigación iniciaron desde el pasado sábado, confirmó Navas a Radio Pública, tomando en cuenta los casos graves en que la Fiscal está trabajando.

Navas aclaró que no hay información preliminar con respecto a los autores de las amenazas. Sin embargo, la voz detrás del video lo atribuye al autodenimado Frente de Liberación Popular y le exige a Salazar que elija “entre lo que hace y lo que quiere para su familia”.

La información personal de la fiscal, divulgada en el video, sería uno de los principales indicios para identificar a los responsables, enfatizó Navas.

La dependencia donde labora el cónyuge de la fiscal también ha dispuesto seguridad para él, confirmó el Ministro del Interior.

Los actos tomados por el Ministerio del Interior dan cuenta del respaldo hacia la funcionaria, sin embargo, Baca también expresó su apoyo hacia Salazar.

El fiscal general condenó tales amenazas, a las que calificó como actos de cobardía y amedrentamiento. También respaldó a la Unidad de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción, organismo que el pasado 20 de octubre recibió una amenaza de bomba.

“Carlos Baca aseguró que ni él ni la Fiscalía General del Estado responderán a presiones de personas inescrupulosas que buscan atentar contra el Estado de Derecho y ratificó que la lucha contra la corrupción en Ecuador es un camino irreversible”, suscribe en el comunicado que reposa en la página web del organismo estatal.

Finalmente, el comunicado reitera la lucha contra la corrupción en todos los casos públicos y privados que mantienen en investigación, “sin dejar que ningún tipo de intimidación altere su continuidad y reafirma su compromiso de llevar ante la justicia a los responsables de crímenes que afectan los intereses de todos los ecuatorianos”, agregó.

Está previsto que hoy Baca convoque a la prensa para ofrecer más detalles sobre la investigación.

Protección a jueces y fiscales

El delito de captación ilegal de dinero derivada del caso Odebrecht, que permitió que el 12 de septiembre pasado sea vinculado Juan Pablo E. a la instrucción fiscal, le produjo a Salazar que todos los días llegasen abogados a su oficina para decirle que piense lo que va a hacer “porque se va a enfrentar a un empresario poderoso”, comentó a un medio local la misma fiscal.

Según la fiscal Thania Moreno, ocho jueces y fiscales estaban con protección estatal, hasta diciembre pasado. La última base de datos levantada por ese ente revela que 151 funcionarios, entre jueces y fiscales, ingresaron al sistema de protección por amenazas de los grupos criminales en el período entre 2012 y 2015.

El presidente del Consejo de la Judicatura, Gustavo Jalkh también reveló en diálogo con EL TELÉGRAFO que se ha constatado que operadores de justicia de la frontera norte (Carchi y Esmeraldas), de Manabí y Guayas, son los que más amenazas reciben con el fin de que cambien sus criterios judiciales.

El procedimiento para brindar seguridad a sus funcionarios cuenta con patrullaje permanente y control -no solo a ellos sino también a los familiares más cercanos-. Para acceder a la protección el funcionario,  desde su correo institucional, a través de un formulario podrá hacer su solicitud. Una vez procesado se remite al Ministerio del Interior y este encauza el pedido. El análisis de riesgo determinará el tiempo de duración de esa seguridad u otro sistema complementario que pueda sumarse a la protección. (I)