Está en su oficina de la Universidad de las Américas en Quito. Es la decana de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales. También es la presidenta de la Corporación de Participación Ciudadana.

Ruth Hidalgo conversó con este Diario sobre el Consejo de Participación Ciudadana.

¿Qué papel ha cumplido el Consejo de Participación?
Siempre estuvimos en contra de que el CPCCS salga a la luz. En el proceso de Montecristi advertimos que era peligroso generar un órgano llamado ciudadano y que al mismo tiempo sea del Estado. La participación ciudadana radica en el pueblo y allí debe quedarse. El Consejo podía ser cooptado por los políticos de turno.

Ecuador en 2008 tenía malas prácticas, pero la corrupción de los 10 años de correísmo es mucho más grande. El espíritu fue quitar las manos políticas de la designación de las autoridades de control porque era un defecto de la democracia. También advertimos que sería un botín político ideal para cualquier Gobierno autoritario.

¿Usted cree que el Consejo tuvo una razón política y legal para constituirse?
Fue parte de una estrategia política pensada, estructurada para cooptar la sociedad civil, para apoderarse del concepto de participación ciudadana. Esta estrategia tomó cuerpo en un instrumento legal que fue el Consejo de Participación. El Consejo no cumplió con la Constitución y se concentró solo en designación de las autoridades de control.

Mi teoría es que el Régimen pasado siempre tuvo una razón oculta y que nunca fue demócrata. Se vendieron como si lo fueran, pero el leitmotiv fue el autoritarismo, por eso apalancaron todas las funciones con esa visión y utilizaron el Consejo para tomarse los poderes del Estado. Eso decanta en un problema muy grave: rompieron el Estado de derecho y dieron paso al proceso más grande de corrupción que ha tenido este país.

¿El Consejo cumplió con sus tres funciones principales?
Durante los 10 años del exgobierno se gestó la estructura y sistema de corrupción que debió ser detectado y denunciado por muchos estamentos, entre ellos el Consejo. Ese organismo podía hacer un sistema anticorrupción o formular leyes contra ese flagelo.

Ecuador tuvo el boom petrolero y el Consejo debió poner restricciones a los contratos. Pero hubo un festival de corrupción. Nunca investigó ni se pasaron a la Fiscalía los casos de corrupción. En cambio, el Consejo Transitorio procesó las denuncias que se dejaron en los 10 años.

¿Qué pasó con la selección de autoridades de control?
Fue funesto, fuimos veedores de la selección de Fiscal que designó a Galo Chiriboga. En una sabatina, Correa dijo que Chiriboga era el candidato idóneo para ser Fiscal. Pero fue un proceso viciado. La autoridad no puede meter mano en la designación de las autoridades que deben controlarlo a él.

Según la ley,  para cada designación deben conformarse comisiones ciudadanas. La mayoría de comisionados eran afines al ex Régimen, tenían en sus hojas de vida que eran funcionarios públicos o que lo habían sido. Eso es conflicto de intereses, ellos calificaban. Tuvimos un Contralor con 100/100 que fue uno de los pilares de la corrupción en este país.

¿Qué dejó el Consejo y cuáles son las consecuencias?
Primero una débil participación ciudadana, la desmovilización de la sociedad civil y la falta de control a la corrupción, que fue rampante. Lo mejor de una democracia es un Estado de derecho. Sin independencia de poderes y sin el control, que son tan necesarios, se hizo lo que se quiso en este país.

Se formó el círculo vicioso de la corrupción conformado por: autoridades cooptadas, sociedad inmovilizada,  poderes sin control e impunidad. Allí el corrupto sabe que puede hacer lo que le da la gana y que no le pasará nada. Los medios de comunicación estuvieron congelados, atacados y perseguidos. Y el Consejo de Participación fue la génesis de ese Estado de descomposición social y política.

Las organizaciones sociales pidieron el pronunciamiento del Consejo para el Decreto 16, que era una restricción a la libertad de organización. ¿Qué hizo el Consejo?
El Decreto 10 se firmó el 8 de junio de 2013. Cuarenta organizaciones sociales presentamos una denuncia de inconstitucionalidad y pedimos el pronunciamiento del Consejo de Participación. Pero ese organismo dijo que no le competía pronunciarse sobre ello. Mientras tanto el relator de las Naciones Unidas emitió un dictamen. Dijo que era un atentado al derecho de asociación. También señaló que el nivel de democracia iba de la mano y ligado a esa libertad.

¿El Consejo debe ser eliminado?
Sí, esa es nuestra visión. Planteamos la alternativa que la designación de autoridades de control debe volver a la Asamblea. Allí la crítica es que vuelve al cauce político, pero no es un cheque en blanco. Debería volver con comisiones especiales, multisectoriales y veedurías ciudadanas, la academia y un representante de los gremios.

¿Ahora la discusión en términos legales es cómo desaparecer ese organismo, a través de qué vía?
El correísmo puso candados legales para tener el control del poder. Hoy la consulta está en la Corte Constitucional. El Comité de Reinstitucionalización Nacional tiene una visión para conformar la bicameralidad en la Asamblea. Hay que recoger firmas, pero ese es un proceso lento, desgastante y requiere de fondos. Nosotros pasamos por ello con los Yasunidos.

La otra posibilidad es la reforma constitucional a largo plazo. Pero la Asamblea puede retirarle la función de designación de autoridades. También hay que eliminar la Función de Control y Transparencia y Ecuador debe volver a las tres originales. El correísmo fue un gobierno fallido, no vino acompañado con ética, que es fundamental. (I)