La Defensoría del Pueblo expresó el jueves 11 de abril de 2019, a través de un comunicado, su preocupación ante la decisión del Gobierno nacional de retirar la nacionalidad y el asilo diplomático a Julian Assange en la Embajada de Ecuador en el Reino Unido.

Según el institución, la decisión gubernamental "ha limitado los derechos a la nacionalidad (art.6), asilo (art. 41), el principio de no devolución (art. 66.14), y las garantías del debido proceso (art. 77) previstos en la Constitución de la República, la Ley de Movilidad Humana y en los instrumentos internacionales de derechos humanos".

La Defensoría precisó que "la soberanía no es absoluta cuando se pone en riesgo derechos humanos, pues precisamente éstos limitan su alcance".

Asimimo, puntualizó que la carta de naturalización a Assange solo habría podido ser anulada en base a a la ocultación de hechos relevantes, documentos falsos o fraude a la ley en el procedimiento de concesión, tal como lo dispone el artículo 81 de la Ley Orgánica de Movilidad Humana.

En el presente caso, "no se ha determinado con claridad si se cumplió con este procedimiento, y si dentro de él se garantizó efectivamente el debido proceso (...) más allá de las acusaciones penales, disciplinarias y de las convicciones políticas de Assange", expresó la titular del organismo Gina Benavides.

Por otra parte, detalló en el documento que "la condición de asilado exigía del gobierno ecuatoriano el respeto al principio de no devolución frente a los evidentes riesgos a la vida, la libertad o la integridad, los cuales han justificado la prolongada permanencia en la embajada ecuatoriana en la ciudad de Londres, y que el Estado ecuatoriano no ha probado que hayan cesado".

Finalmente, Benavides lamentó que el Estado ecuatoriano "haya incurrido en esta decisión que podría conllevar responsabilidad internacional y sentar un precedente preocupante respecto de la protección de personas en situación de asilo y/o de ecuatorianos en el exterior". (I)