Julian Assange, al parecer, se mostró como un minucioso conocedor de la historia, geografía y cívica ecuatoriana en su examen para su naturalización.

Sin contratiempos contestó lo que simboliza el barco a vapor que navega por el río Guayas en el Escudo de Armas; en qué provincia se desarrolló la cultura Tolita e identificó al experto en arqueología entre Jorge Icaza, Benjamín Carrión, Juan de Velasco y Federico González Suárez.

El exdirector de WikiLeaks acertó en las 20 preguntas y consiguió un 10/10 en su examen de naturalización. Pero hay dudas de sus conocimientos sobre nuestro país. No solo porque no existe fecha ni firma del funcionario responsable de tomar el examen, sino porque todo el proceso de naturalización se cumplió en tres meses, pero no cumplía con la Ley de Movilidad Humana.

La Comisión de Fiscalización de la Asamblea está segura de que hay evidencias de las irregularidades en la entrega de este beneficio a Assange. Por eso pide que intervenga la Fiscalía para que determine la existencia de responsabilidades penales.

En la primera línea está la excanciller María Fernanda Espinosa, que afrontará un juicio político. Ella aseguró que se dio la nacionalidad al australiano según los procedimientos legales, y para asegurar la protección de su vida y sus derechos.

Pero la Contraloría se sumó a las críticas. En su informe preliminar encontró anomalías: no existen registros informáticos de la prueba de conocimientos y que se redactó en español, sin la evidencia de la participación de un traductor, aunque es conocido que Assange no domina el idioma.

Los auditores ratificaron una sospecha en el proceso de naturalización, que tiene relación con la decisión de hacerlo parte de la misión diplomática ecuatoriana para que pudiera ir a Rusia.

La decisión tuvo el rechazo de las autoridades británicas, por eso se dio marcha atrás su nombramiento.

Los gastos

La estadía del australiano en la sede diplomática representó un gasto de $ 795.372 en alimentación, consultoría, servicios comunicacionales, adecuaciones a la embajada, actos públicos, pasajes y viáticos de servidores públicos.

Estos gastos fueron cubiertos con un fondo rotativo, una caja chica y cuatro fondos específicos de la Embajada de Ecuador en el Reino Unido de Gran Bretaña desde 2012 hasta 2018.

En este rubro se cancelaron $ 418.026 en asesorías legales a las firmas Bindmans LLP y Norton Rose y otros $ 144.177 por servicios de asesoría comunicacional, con los consultores McSquared, Lee Brown y Nill Sookoo.

La primera empresa trabajó con los hermanos Vinicio y Fernando Alvarado en campañas contra Chevron y la difusión de las actividades del gobierno de Rafael Correa en el exterior.  

Pero según la Contraloría, no se evidenció documentación que establezca el cumplimiento de los términos contractuales. “En este sentido, se pagaron $ 562.203 sin sustento legal”, se lee en el informe.

Otro rubro cuestionado es el servicio de alimentación para Assange, el cual se contrató sin el proceso de selección de proveedores, ocasionando que no se cuente con ofertas con mejores beneficios para el Estado.

Los gastos por internet aumentaron en la embajada desde la llegada de Assange. Se estableció un monto total de $ 6.617, por concepto de: pago efectuado a la empresa Intersys por $ 1.013, para la instalación de la nueva conexión SDL de internet; y otros $5.604, pagados a la empresa Focus Group, para el servicio de internet de banda ancha y la instalación de una línea adicional especial de internet EFM para comunicación con la Presidencia.

El expresidente Rafael Correa sostuvo que los auditores de la Contraloría deberán comprobar la existencia de esa línea con su despacho. Según el organismo de control, estos pagos también se dieron sin documentación de respaldo que sustente la necesidad y su legalidad.

Carlos Poveda, uno de los abogados del australiano, sostuvo que los informes de Contraloría deberán ser investigados, sobre todo lo de la línea directa con la Presidencia. Criticó a la Fiscalía que incautó los bienes que dejó Assange en la embajada a pedido de la justicia estadounidense.

Pero la Cancillería indicó que el decomiso cumplió con las normas legales y que los abogados de Assange sí fueron avisados con antelación. (I)