El reglamento de uso progresivo de la fuerza que se publicó mediante acuerdo ministerial, servirá como instrumento legal para evitar abusos en el uso de las diferentes armas de dotación que portan los soldados, cuando apoyan a la Policía en el control de manifestaciones.

El ministro de Defensa, Oswaldo Jarrín, explicó que esta normativa contiene reglas básicas que se deben acatar ante los diferentes escenarios que ocurren en una manifestación, con base en el respaldo que se brinde a la Policía.

Jarrín aclaró durante una entrevista en Mundo FM que estas normas siempre han existido como un anexo de la actuación militar. “El rato que pedimos la publicación en el Registro Oficial se hace de dominio público, no para normar a la sociedad sino para guiar el empleo de las Fuerzas Armadas”.

El apoyo a la policía depende de las circunstancias que se vayan presentando en disturbios. Cuando exista empleo de militares, el personal no está solo sino que responde a mandos pues siempre hay un coronel o general evaluando las situaciones. Por consiguiente, el reglamento contiene 5 niveles que se consideran en un escenario de protestas.

El primero y más básico, implica un diálogo persuasivo para evitar que escale la violencia de los manifestantes y donde no hay uso de armas. Luego son cuatro niveles que progresivamente se va aplicando con base en la agresividad y violencia con que actúen las personas. Se autoriza la utilización de otra dotación como escudos, toletes y bombas lacrimógenas.

El último corresponde a una resistencia agresiva, donde se ataca al personal militar o busca la destrucción de instalaciones estratégicas de las cuales se sirve toda la sociedad; además, prima el principio de defensa propia cuando el servidor militar está en peligro de muerte.

En la dirección de Derechos Humanos del Ministerio de Defensa indicaron que el reglamento observa estándares internacionales sobre uso progresivo de la fuerza y constituye un instrumento que guía con detalle al personal militar, en la aplicación racional y diferenciada de la fuerza.
Este reglamento lo podrán usar tanto ciudadanos como jueces para determinar la existencia de malas actuaciones.

La vocera consultada aseguro que así la justicia tendrá parámetros para evaluar si el personal implicado en cualquier tipo de queja se circunscribe a los principios del manual. Ademas, el Comité Internacional de la Cruz Roja, delegación regional para Perú, Bolivia y Ecuador, manifestó que el manual sigue principios de derechos humanos.

No obstante, el analista Santiago Orbe dijo que ese reglamento surgió porque los militares no están amparados legalmente para el ejercicio de seguridad interna. Por ello necesitan un protocolo que les indique cómo actuar. (I)