La emergencia sanitaria obligó a que los estudiantes del país en todos los niveles tengan que recurrir a clases virtuales para continuar con el proceso educativo.

Pero esta medida no cubre a niños y jóvenes que residen en zonas rurales,  donde no hay cobertura de internet. “Por eso es necesaria una reforma legal que permita que la infraestructura tecnológica llegue a todo el país”, dijo la asambleísta Jeannine Cruz.

El Gobierno está trabajando para mejorar la conectividad nacional, ¿cuál sería el objetivo de la reforma?

Necesitamos que tenga un respaldo legal, pues las zonas rurales y fronterizas siguen sin este servicio. Y ahora que las clases serán virtuales, ¿de qué manera los estudiantes que residen en estas áreas van a acceder a las plataformas educativas?

¿En qué consiste la propuesta?

Que se reformen varios artículos de la ley, entre estos el art. 8 para que el Gobierno garantice el acceso a internet de los ciudadanos, especialmente en sitios de frontera y rural,  para  lo cual verificarán que las empresas proveedoras de este servicio cumplan con la ampliación de la infraestructura que garantice la conectividad.

Además se incorpora que estas empresas coordinen con las autoridades de telecomunicaciones y de educación para financiar proyectos que permitan la conectividad de las instituciones de educación pública, así como las de educación superior, principalmente con los sectores fronterizos y rurales.

También la propuesta ordena que en un plazo de tres meses se abran los 800 infocentros que fueron cerrados, de manera que los estudiantes de todos los niveles puedan usarlos  mientras dura la emergencia sanitaria.

En esta emergencia el sistema educativo está afectado.

Según la Unesco, en Ecuador, 5 millones de personas están afectadas por la suspensión del sistema educativo, 636.000 en primaria, 1’297.000 en preprimaria, 1’891.000 en secundaria y 669.000 en educación superior.

Según el INEC, en 2018 se calculaba que solo el 37,2% de los hogares  tenía acceso a internet, de estos el 46,6% en lo  urbano y el 16,1% en lo rural.

Además, la población con acceso a teléfonos inteligentes es del 41%, esto nos hace ver que la opción de educación  virtual en línea es excluyente y afecta el derecho a la educación de niños, jóvenes y estudiantes de las universidades. Por ello la importancia de aprobar estas reformas. (I)