El pleno de la Asamblea Nacional finalizó este domingo 3 de mayo de 2020 el primer debate del proyecto de Ley de Ordenamiento de las Finanzas Públicas. Con 34 intervenciones de los legisladores, se hicieron una serie de propuestas para mejorar el documento.

Uno de los temas que más discusión trajo fue el de la autonomía de la seguridad social y de los Gobiernos Autónomos Descentralizados.

Según Daniel Mendoza (AP), presidente de la Comisión de Régimen Económico donde se analiza las reformas, con el artículo 2 se pondría en riesgo esta autonomía pues se pretende considerar a estas instituciones como entidades no financieras por lo que sus recursos entrarían al Presupuesto General del Estado (PGE).

La mayoría de los asambleístas pidieron que se elimine este artículo o que se los reestructure para que quede blindada la autonomía de estas instituciones y el Gobierno no tenga acceso en sus recursos.

Otro tema que se trato fue que la ley busca concentrar muchos poderes en el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

Justamente para evitar esto, Mendoza explicó que la comisión decidió eliminar los artículos 6 y 47. El primero se refería a la priorización de programas y proyectos de inversión que recaería en el MEF. Y con el segundo se pretendía que Finanzas tenga injerencia en la contratación pública hasta definir los techos de los diferentes anticipos de los contratos.

Mendoza dijo que la mesa recibió una alerta de la Contraloría General del Estado de que el MEF no puede ser juez y parte.

“Se busca poner al Ministro (Richard Martínez) como un primer ministro porque centralizaría el manejo de todos los recursos públicos. Quieren centralizar el cómo y el para qué se van a usar los recursos”, dijo el legislador Vicente Almeyda (PSC).  Con Almeyda y Mendoza coincidieron la mayoría de legisladores que intervinieron.

Fondo de estabilización
Otro tema que se discutió fue la creación de un fondo de estabilización. Algunos asambleístas, como Esteban Melo (RC) y Juan Cárdenas (RC) dijeron que este no es necesario pues existen otras urgencias para las cuales se necesitan recurso.

Ana Belén Marín (AP) dijo que esta iniciativa es buena solo si se define con claridad cuál va a ser el fin, que sea para estabilizar la situación macroeconómica del país.

Recordó que, con los recursos del antiguo Fondo de Estabilización, Inversión Social y Productividad y Reducción del Nombramiento Público, formado con recursos de la venta del petróleo del 2003 al 2005, se asignó el 70% para la recompra de la deuda pública externa e interna, el 20% para cubrir eventuales desfases presupuestarios y solo el 10% para salud y educación.

“No se lo podía usar para gasto corriente y se lo eliminó bajo el argumento que solo se acumulaba dinero para recomprar la deuda”, dijo Marín.

#PlenoVirtual | @AngelSinmaleza señala que las leyes deben ser el resultado de un pacto social para que tengan sostenibilidad. Expresa que el Fondo de Estabilización se financiará con fondos de recursos naturales. Pide cuidar que las concesiones mineras no atenten contra el agua. pic.twitter.com/uk7BTzhtCk

— Asamblea Nacional (@AsambleaEcuador) May 3, 2020

Luis Pachala (CREO) dijo sobre este tema que hasta el 2008 hubo 4 fondos que sumaron $ 2.800 millones. “Esto pasó al PGE y como no hubo reglas fiscales se gastaron todo como quisieron”, mencionó.

Para Pachala la nueva ley ordena las finanzas públicas y evita el gasto descontrolado. Dijo que de este modo se envía un mensaje al mercado internacional que Ecuador se está poniendo en orden para que le puedan prestar recursos.

“Hay que ordenar la casa”, dijo Patricio Donoso, quien concuerda con Pachala.

Fondos extranjero
Donoso dijo que el país debe portarse serio para que vengan fondos del extranjero porque el precio del barril de petróleo es bajo, no hay fondos de contingencia y no hay ingresos a la economía. Dijo que Ecuador necesita la ayuda externa y para conseguirlo es fundamental aprobar este proyecto de ley con los cambios que se requiera para tener estabilidad fiscala y generar ahorros.

Sobre esto, Mendoza aseguró que la crisis económica y de la pandemia solamente se lo puede combatir con recursos. Ecuador necesita decirle al mundo que está comprometido con hacer las cosas bien. Para tener recursos frescos se requiere que se haga un pronunciamiento sobre este manejo.

Por otro lado, varios asambleístas se opusieron al proyecto de ley. Almeyda aseguró que el documento no está pensado en combatir la crisis actual, no es un proyecto económico urgente y que además es inconstitucional.

Por su parte Melo se opuso a la ley porque cree que no responde a las necesidades urgentes de los ecuatorianos, “responde al Fondo Monetario Internacional”, dijo. Aseguró además que de aprobarse entraría en vigencia en el 2022.

Henry Cucalón (PSC), asambleísta por Guayas, aunque también se opuso al proyecto, dijo que de seguir con la norma esta debe hacer de las reglas fiscales verdades restricciones para evitar endeudamientos irresponsables. (I)