La trama de corrupción que se ha destapado en Ecuador, en medio de la pandemia por el covid-19, tiene rostros nuevos y otros ya conocidos, que han sido vinculados a contratos con sobreprecios para la compra de insumos médicos, como mascarillas, fundas para cadáveres, kits de alimentos, contratación de obras públicas, entre otros.

Los más recientes son los casos del asambleísta Daniel Mendoza y del supuesto empresario Daniel Salcedo. En ese sentido, en una entrevista con Ecuador TV, el abogado Ramiro García sostuvo que la emergencia sanitaria ha mostrado la peor cara de Ecuador. “Nos ha mostrado redes de corrupción que no son de ahora, vienen operando hace una década”.

Destacó la acción del Ministerio de Gobierno y la Fiscalía General del Estado, que están develando esta trama de corrupción, sobre temas sensibles. “Mientras en primera línea estaban médicos, policías, militares, abogados -solo en el gremio que yo represento 160 colegas fallecieron en Guayaquil, muchos de ellos contagiados en las audiencias a las que acudían para defender derechos-, otros hacían negocios con la salud en tiempos de emergencia”.

¿Cómo se combate la corrupción en tantos frentes?
Esto nos muestra que la corrupción no es un problema focalizado ni aislado. Hemos visto que gobiernos autónomos descentralizados (GAD) de izquierdas y de derechas, de Costa y Sierra, han caído en la tentación de la corrupción. Creo que ya es hora de que repensemos el país, repensemos los valores sobre los cuales estamos construyendo este Estado. Y creo que esto se está haciendo metástasis, esto ya no da para más.

¿Peor que la pandemia podría ser la corrupción en este momento?
Lo que pasa es que para la pandemia se encontrará vacuna y cura, o ya nos inmunizaremos a mediano plazo, colectivamente; el problema es que la corrupción sigue siendo una enfermedad endémica para la que no hallamos cura ni vacuna y que sigue minando las posibilidades del futuro del país.

¿Qué futuro estamos dejando a las nuevas generaciones? Pero además, ¿qué nuevas generaciones son las que vienen? porque vemos que los involucrados en los nuevos problemas de corrupción es gente muy joven; es decir, aquello que veíamos como patrimonio exclusivo de la vieja política, ahora resulta que son estructuras muy jóvenes de pseudoempresarios que no producen absolutamente nada, y que lo único que hacen es intermediar entre el Estado y los proveedores para vender ganándose varias veces lo que cuesta un bien o un servicio.

La ministra María Paula Romo dijo que en el caso Salcedo es abrir la puerta para encontrar una mafia y al resto de los culpables, ¿quiere decir que sobre este personaje habría gente con más poder e influencias y no necesariamente lo que usted dice, que son nuevos rostros de la corrupción?
Vamos a ver si es que aparecen viejos rostros de la política detrás de estos nuevos rostros de la corrupción, pero este señor Salcedo no es que aparece ahora; vemos cómo contrató, por ejemplo, con la Gobernación del Guayas cuando era gobernador el señor Rolando Panchana, en el gobierno del expresidente Rafael Correa. Vemos que tenía varias decenas de empresas que se dedicaban absolutamente a todo.

Es decir, él podía venderle mascarillas, insumos médicos, celulares, repuestos para moto o auto, cualquier cosa, porque tenía empresas para todo. Entonces, lo que vemos es que el sistema de contratación pública ha colapsado. Definitivamente todo el esquema que se generó en la contratación pública del correísmo no ha podido ser desmontado en este gobierno y sigue produciendo, cada tanto, eventos de corrupción como los que estamos viendo.

La Fiscalía, tras los operativos que terminaron con varios detenidos, esperaba más que la imposición de medidas sustitutivas. La justicia, en cambio, frente al inicio de sumarios administrativos, pide respeto a sus decisiones. ¿Quién tiene la razón?
La Fiscalía es parte de la administración de justicia, no podemos pensar en una justicia penal sin Fiscalía y vemos que ha hecho un trabajo denodado contra la corrupción; esperamos obviamente que los jueces estén a la altura de las circunstancias, de las exigencias, y que fallen en derecho. Por supuesto, uno de los temas que hay que reivindicar es la independencia que deben tener los jueces para resolver sus causas.

¿Cuál debería ser la tarea del ciudadano?
La veeduría, si queremos limitar; eliminar los focos de corrupción que proliferan en todas partes y que no son, insisto, patrimonio de un grupo político específico o de una ideología o región específica. Tenemos corrupción en todos lados; hemos visto que inclusive municipios liderados por alcaldes indígenas también están siendo allanados, investigados, por hechos de corrupción, como el de Guamote. Creo que ya es hora de que la ciudadanía entienda que la veeduría, la transparencia, es lo único que nos puede sacar de este fango de corrupción.

Hemos visto cómo desde la propia Presidencia del gobierno de Correa se generó todo un sistema de intercambio de sobornos por contratos. Tenemos que pensar sobre qué valores estamos construyendo en esta sociedad y cómo podemos reestructurarla porque, de la forma como vamos, es inviable. (I)