El presidente de la Corte Constitucional (CC), Patricio Pazmiño, dijo que en esta semana notificarán a las partes con la sentencia de 160 páginas emitidas la semana pasada por ese alto organismo con respecto a las 17 enmiendas constitucionales planteadas en junio por el bloque legislativo de Alianza PAIS.

Frente a la campaña mediática y de desprestigio emprendida por ciertos medios de comunicación, periodistas, políticos y excandidatos de oposición, indicó que el Estado y la democracia ecuatoriana no pueden permitir que se propicie la venganza social, identificando a los jueces personalmente como autores de un supuesto gran delito a la institucionalidad, pretendiendo desestabilizar la democracia.

Señaló que la CC es el órgano que dicta las últimas decisiones en materia jurisdiccional, no hay más instancia nacional superior que controle la decisión de la CC. Las partes pueden acudir al Sistema Interamericano, no con discursos políticos sino con razonamientos y argumentos jurídicos.

¿Cuáles fueron los fundamentos que la CC tomó en cuenta para determinar que 16 de las 17 enmiendas pueden tramitarse vía Asamblea Nacional?
Es importante destacar que las actuaciones de jueces y juezas de la CC y del Pleno no son arbitrarias, no pueden ser discrecionales. Tenemos normas previas, claras, exigibles, dictadas por la autoridad competente, que se traducen a la Constitución, a la Ley de Garantías Jurisdiccionales y al Reglamento de Sustanciación de Procesos.
Por lo tanto, sus decisiones no son de ningún juez en particular, sino de un órgano colegiado que lo hace sobre la base de esos 3 cuerpos jurídicos. Eso se llama seguridad jurídica, y quien no lo reconoce atenta contra la institucionalidad y la democracia en Ecuador. Nuestras decisiones han sido fundamentadas, razonadas, tienen enfoque de convencionalidad, que quiere decir que se hace un análisis de la Constitución y también de los tratados y pactos internacionales suscritos por el país.

¿Para criticar, entonces primero se debería analizar la sentencia?
Esta semana se notificará a las partes con la sentencia, que tiene unas 160 páginas. Invitamos a los detractores de las decisiones de los jueces de la CC a que se molesten en leerla y que la impugnen jurídicamente, no políticamente. Nosotros no somos un órgano político, sino jurisdiccional, y las decisiones las tomamos no por la presión de los medios de comunicación, de los candidatos o de ningún actor político, lo hacemos en función de convicciones y razonamientos, que además quedan escritos.

El presidente Rafael Correa, en el Enlace Ciudadano del sábado pasado, se refirió a que ciertos medios como diario La Hora tratan de desprestigiar el trabajo efectuado por la CC, ¿qué acciones emprenderá la CC frente a ello?
Los jueces no estamos aquí para ser candidatos a míster o miss simpatías, estamos aquí llamados a cumplir con la Constitución. Por lo tanto, esa y otras campañas mediáticas, de desprestigio de las personas y de la institución, no van a tener respuesta de la CC, porque nuestra respuesta está en las actuaciones, las que pueden ser impugnadas, pero no a través de insultos o amenazas.
El Estado y la democracia no pueden permitir que se propicie la venganza social, identificando personalmente a jueces como autores de un supuesto gran delito o a la institucionalidad, pretendiendo desestabilizar la democracia, impugnando decisiones debidamente tomadas.
La CC no va a iniciar ninguna acción de carácter judicial porque como jueces nos pronunciamos a través de sentencias, y los que tienen que juzgarnos son la sociedad, el colectivo, las partes interesadas y, fundamentalmente, nuestra conciencia.

Sin embargo, la oposición y los medios privados sostienen que la CC negó la consulta popular planteada por un excandidato...
Quiero advertir a la opinión pública que se está elaborando un gran fraude social, que lo están repitiendo candidatos políticos y algunos medios al señalar que la CC ha fallado contra la consulta popular. Eso es falso, la CC no tenía competencia para pronunciarse sobre la consulta, teníamos que definir las vías sobre las cuales tiene que tramitarse un pedido de enmiendas.

Presentar las noticias, opiniones y comentarios como que hemos negado la consulta popular es inducir a la opinión pública al error, eso se llama fraude, son argumentos fraudulentos el decir que se ha negado la consulta popular y que se ha perdido la alternancia...
Hay que aclarar que la alternancia no existe como figura jurídica en la Constitución, las leyes y reglamentos. Hay una persona y varios medios que sostienen que hemos eliminado la alternancia, esos es fraude, no existe jurídicamente. Ese tipo de pronunciamientos están destinados a generar una vendetta social, al pretender inducir a la opinión pública, al identificar a jueces de la CC con fotos y titulares como que han sido autores de algo, invitando a persecuciones y linchamientos posteriores. Es un acto de irresponsabilidad con la sociedad.
Esa es la gravedad de los 2 hechos. En Twitter, por ejemplo, hay un periodista que todo el tiempo dice “los perseguiremos así se escondan en las alcantarillas, de allá los sacaremos”. Eso es pretender generar una conciencia de persecución, de venganza social, de odio.

¿Serán perseguidos por decisiones con razonamiento jurídico?
Bienvenido sea eso si es así, pero eso se llama vendetta social, al generar sentimientos de venganza social sin pensar en las graves consecuencias que eso implica para la sociedad, los jueces y sus familias, haciendo uso totalmente arbitrario de parte de medios de comunicación que se prestan para generar este tipo de intestabilidad.

Una de las 17 enmiendas se tramitará vía Asamblea Constituyente, ¿cuál fue el argumento de la CC para que se haya decidido diferente con respecto a las otras 16 enmiendas?
En el razonamiento de la CC tenemos que encontrar si la enmienda propuesta transformaba la estructura fundamental del Estado. Pero que el país sepa que eso no es arbitrario para la CC, pues la Constitución estipula claramente, en los artículos del 1 al 9, qué debe entenderse por estructura fundamental del Estado, y si no altera ninguna de esas, no está vulnerando la Constitución.
En el caso de la primera enmienda encontramos que efectivamente el pretender establecer una limitación a través de la ley para el acceso a la acción de protección, vulnera una de las estructuras fundamentales: las garantías jurisdiccionales o los derechos de las personas. Al ser esa sí una estructura fundamental no podía ser objeto de enmienda sino de Asamblea Constituyente, como lo decidimos.

¿Y en el caso de las otras 16 enmiendas constitucionales?
Como una por una se analiza en la sentencia de la CC, no se llega a demostrar que afecten a ningunos de los 3 elementos sustantivos del Estado, que están reglamentados y regulados en la Constitución. Otra condición es verificar si esa enmienda restringiría derechos; en el caso de la acción de protección restringe derechos.
En tercer lugar, hay que asegurarse de que ninguna de las enmiendas modifique la forma de reformar la Constitución. Entonces, en el caso de las 16 enmiendas entraban limpiamente en este aspecto, y en el caso de la primera vulneraba el principio de no regresividad de los derechos, y que por lo tanto no podía hacer limitaciones de los mismos.

Pero el excandidato presidencial Guillermo Lasso insiste en que la CC no ha cumplido con su obligación de proteger los derechos de los ecuatorianos, que se los ignoró por completo y que se dio un golpe a la democracia, ¿qué decir al respecto?
Yo soy juez y presidente de la CC, no político en campaña electoral ni nada, por lo tanto, no me voy a referir a las expresiones políticas de Lasso, pero lo que debo indicar es que si es jurídica la apreciación que él hace, en ese campo yo sí tengo que responder. Por lo tanto, es bueno que los políticos sean serios y hablen con la verdad y con los textos, no con el hígado.