La fuga de Fernando Alvarado, exsecretario de Comunicación del gobierno de Rafael Correa, provocó la primera decisión dentro del gabinete del Ejecutivo.

Y provino de Paúl Granda, quien este martes 23 de ocutbre por la tarde puso a disposición del presidente Lenín Moreno los cargos de Secretaría de Gestión de la Política, así como el encargo del Ministerio de Justicia.

No obstante, hasta el cierre de la edición, el Mandatario no se pronunciaba sobre este anuncio.

Granda aprovechó, sin embargo, para afirmar a los medios de comunicación que existe una red de complicidad y coautoría por quienes estaban encargados de la cadena de mando del grillete electrónico que portaba Alvarado.

En tal virtud pidió a la Fiscalía del Estado que investigue la actuación de, al menos, 48 funcionarios que tenían como responsabilidad el control de los dispositivos electrónicos.

Granda ratificó que hay cómplices y encubridores que no notificaron a las autoridades, por ejemplo, que entre el 28 de septiembre y el 13 de octubre se registró, por lo menos, un total de 241 alertas originadas por la intención de remover la pulsera que tenía Alvarado.

El funcionario develó que de los 2.400 dispositivos activos, 103 presentan las mismas anomalías detectadas en el grillete que usaba Alvarado cuando se conoció sobre su fuga, lo que ya fue reportado a los entes de Justicia con la finalidad de que tomen las medidas correspondientes.

Leyes anticorrupción pendientes

En la Asamblea, 4 proyectos, elaborados y presentados por legisladores, Fiscalía y por el Ejecutivo, destinados a la lucha contra la corrupción, esperan su tratamiento en instancias legislativas.

El Ejecutivo remitió en septiembre pasado un proyecto de Ley Anticorrupción a la Asamblea, que permitirá incautar los bienes a los corruptos y facilitará la recuperación del dinero mal habido.

Esta iniciativa la presentó luego de que vetó totalmente el proyecto de Ley de Lucha contra la Corrupción aprobado el 14 de agosto por la Asamblea Nacional.

Sin embargo, la normativa sigue dentro de la Comisión de Justicia. “Hay que actuar  con la Ley de Extinción de Dominio, empezar a actuar nunca es tarde”, comentó el asambleísta César Rohón, del Partido Social Cristiano.

Aclaró que aprobaron la ley contra la corrupción en la Asamblea, pero fue vetada, al momento esperan el informe de la nueva normativa que presentó el Jefe de Estado.

Comentó que el país necesita urgentemente una ley de lucha contra la corrupción que se está demorando. “La responsabilidad hay que establecerla, la Asamblea hizo una ley, y era buena”.

La asambleísta Ana Belén Marín (Alianza PAIS)  puntualizó que ahora se arma otra ley que presentó la presidenta de la Asamblea, Elizabeth Cabezas, para la recuperación de capitales. “Lo que haremos es incluir lo que sea necesario para contar con una norma a la altura del país”.

La presidenta de la comisión de Justicia, Marcela Aguiñaga, dijo que trabajan en la revisión del proyecto entregado por el Ejecutivo y avanza de acuerdo al cronograma. (I)