Por unanimidad, con el voto de 113 asambleístas presentes, el Legislativo aprobó la comparecencia, para el jueves 25 de octubre, de las autoridades de los sectores de justicia y seguridad, con el propósito de que expliquen todas las acciones u omisiones que, dentro de sus competencias, han realizado en el caso del ahora prófugo de la justicia, Fernando Alvarado.

Se trata de Paúl Pérez, fiscal General del Estado; María Paula Romo, ministra del Interior; Paúl Granda, ministro (e) de Justicia; Andrés Michelena, secretario de Comunicación; Rosana Alvarado, exministra de Justicia; Nelson Villegas, comandante General de la Policía Nacional; Rubén Robayo, director del Servicio Integrado de Seguridad ECU 911; y, Jorge Costa, director del Centro de Control de Inteligencia Estratégica.

También deberá comparecer Ledy Zúñiga, exministra de Justicia, para que informe, de manera documentada, sobre el proceso de adquisición de los dispositivos de vigilancia electrónica, así como respecto de su efectividad.

El debate en el Pleno fue intenso. La propuesta fue planteada por la asambleísta María José Carrión, quien recordó que Fernando Alvarado está vinculado en alrededor de 11 informes de Contraloría, por los cuales tiene que responder. "¿Qué pasa con el sistema de los grilletes?, ¿qué pasa con el sistema de control?, ¿hasta qué punto podemos garantizar la eficacia de estas medidas sustitutivas?", cuestionó.

Carrión anunció que la Comisión de Fiscalización realizará la investigación sobre el proceso de adquisición de los dispositivos de vigilancia electrónica, así como respecto de las personas a quienes se les haya dispuesto esta medida cautelar y a las empresas prestadoras del servicio.

En la comparecencia, cada bancada podrá presentar -por escrito- una pregunta ante la Secretaría General, indicando a qué funcionario va dirigida.

El asambleísta Roberto Gómez señaló que la ministra del Interior y el de Justicia (e) deberían renunciar por la fuga de Alvarado.

Cristina Reyes propuso que se convoque también a declarar en la Asamblea a los encargados de las instancias de inteligencia del Estado que debieron estar atentos en puertos y aeropuertos para evitar la fuga del "Chapo Guzmán criollo".

Raúl Tello considera que la salida del país de Alvarado constituye "una burla a los ecuatorianos" y no es un hecho aislado. "No es un problema de los grilletes, sino de las personas que están en ciertas áreas específicas para blindar los actos de corrupción".

Doris Soliz indicó que la resolución debe garantizar una fiscalización justa y seria, que cumpla el debido proceso. 

Homero Castanier llamó a investigar la complicidad y filtración de información en el caso Alvarado. Propuso que cada bancada determine un representante para que pueda hacer requerimientos durante la comparecencia de autoridades.

A Marcela Aguiñaga le preocupa que "se irrespeten las garantías de un procesado o de alguien que se enfrenta a una investigación, sin tomar en cuenta el principio a la presunción de la inocencia".

Manifestó que existen 2.554 dispositivos de vigilancia monitoreados, 1.024 dañados y 235 disponibles para cumplir disposiciones judiciales, al cuestionar que no se haya renovado el contrato de monitoreo de estos dispositivos. (I)