La Corte Suprema panameña determinó ayer que el exlegislador opositor ecuatoriano Tito Galo Lara debe permanecer en prisión preventiva 45 días, hasta que la Cancillería de Panamá adopte una decisión en cuanto a su extradición a Ecuador.

El político ecuatoriano llegó a Panamá en septiembre de 2013 y un mes después el Gobierno del presidente Ricardo Martinelli le concedió oficialmente el asilo territorial, pero en mayo pasado se lo retiró.

La audiencia “de control” realizada ayer fue solicitada por el Ministerio Público para determinar la legalidad de la detención del ecuatoriano, ocurrida el pasado lunes.

La orden de prisión fue leída por el presidente de la Sala II Penal del Supremo, José Ayú Padro, quien dijo que procedía el pedido de orden de detención porque tenía “motivos legalmente justificados” y no se infringieron otros derechos de Lara.

La situación del exmagistrado, quien fue sentenciado a 10 años de cárcel como cómplice de un triple crimen ocurrido en 2011, se complica luego de que la Oficina Nacional para la Atención del Refugiado (Onpar) negó su pedido de refugio, informó el Ministerio del Interior mediante un comunicado.

Esta solicitud la hizo tras ser detenido en Santa Catalina, provincia de Veraguas. “Al encontrarse como solicitante de refugio no se le podía deportar; sin embargo, ahora depende de la disposición de la República de Panamá”, dice el documento.

Desde Panamá, el abogado de Lara, José Nelson Brandao, aseguró que “hay una fuerte intervención del Gobierno ecuatoriano sobre la Cancillería panameña” y cuestionó que no le hayan permitido ver a su defendido en las 48 horas que estuvo detenido.

Por ello habría amenazado con enjuiciar penalmente al canciller panameño, Francisco Álvarez De Soto. “La defensa de Lara ha amenazado a las autoridades panameñas por la revisión que hicieron al asilo territorial. Al Canciller de Panamá le ha amenazado con un juicio penal y ha presentado denuncias contra la Vicecanciller”, escribió el fiscal Galo Chiriboga en su cuenta de Twitter.