“El Mandatario (Lenín Moreno) le da un vuelco al país en beneficio de los ciudadanos”, resaltó el secretario particular Juan Sebastián Roldán, al señalar que la Presidencia profundizó más en este año, el nuevo momento político que vive Ecuador.

En este 2018, tras el diálogo nacional, la consulta popular, efectuada el 4 de febrero, profundizó los cambios constitucionales y consolidó la independencia de las funciones del Estado.

La imagen de la Presidencia, a decir de Moreno, es más cercana a la ciudadanía y desde allí se anuncian políticas encaminadas a cumplir con el plan de Gobierno “Toda una Vida”. (I)

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El diálogo definió las políticas de Estado

El informe a la nación del pasado 24 de mayo dejó claro que el diálogo, impulsado por el Ejecutivo, fue una respuesta a la disputa política, que se profundizó en la anterior administración.

Desde el 24 de mayo de 2017 en adelante se promovieron acciones para convocar a la unidad, al entendimiento y respeto entre ecuatorianos, así como dejar a un lado las discrepancias.

Así es como, mediante el diálogo, se definieron políticas y proyectos, y se desprendieron las acciones para las reformas legales, por ejemplo, las emprendidas a la Ley Orgánica de Comunicación (LOC).

Además, ese mecanismo democrático se cristalizó con las siete preguntas de la consulta popular, la optimización del Estado; el acercamiento con grupos sociales, económicos y políticos que estuvieron distantes en la administración anterior y la lucha frontal contra la corrupción.

Incluso, el canciller José Valencia destacó la semana pasada, que el diálogo mejoró las condiciones de Ecuador en el concierto internacional.

Pablo Campana, ministro de Comercio Exterior, resaltó también que ese proceso atrajo la inversión extranjera. En el caso del literato Mario Vargas Llosa, el diálogo del Presidente “perfeccionó la democracia”. (I)

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La reducción de trámites y optimización, en marcha

El Decreto Ejecutivo 372, publicado el 4 de mayo de 2018, declaró como política de Estado la mejora regulatoria y la simplificación administrativa y de trámites, a fin de asegurar una adecuada gestión gubernamental.

Con el documento, el Gobierno se propuso mejorar la calidad de vida de la población, fomentar la competitividad, el emprendimiento, la eficiencia en la economía y garantizar la seguridad jurídica.

Esas acciones que están encaminadas a todas las entidades de la Función Ejecutiva son lideradas por un Comité Interinstitucional de Política Regulatoria y Simplificación de Trámites, presidido por la Secretaría General de la Presidencia.

Asimismo, la primera etapa del rediseño institucional del Ejecutivo, que inició en abril pasado, finalizó hace una semana con reformas en 15 entidades del Gobierno y con siete decretos ejecutivos.

No obstante, la Secretaría de la Presidencia, con los resultados de la reestructuración del Estado, impulsará la segunda fase en el 2019 y lo hará con la fusión de la Secretaría de Gestión de la Política y el Ministerio del Interior. En ese sentido, la entidad se llamará Ministerio de Gobierno y estará liderada por María Paula Romo. (I)

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La consulta popular ordenó al Ecuador

La consulta popular, celebrada el 4 de febrero de 2018 ordenó la casa. Así lo declaró el mandatario Lenín Moreno, en meses pasados, al resaltar que eso permitió que las instituciones públicas funcionen de manera libre, con autonomía y sin injerencia de nadie.

Para el consultor político, Marlon Orbea, el plebiscito tuvo dos etapas: la primera fue “descorreizar el país”; y la segunda, la capitalización de la consulta, a nivel político, principalmente.

Asimismo, destacó que las acciones emprendidas por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio (CPCCS-T) profundizaron la voluntad popular de febrero pasado.

“Sin embargo, el Consejo sufre -actualmente- un desgaste desde la opinión ciudadana porque algunas decisiones tomadas han sido polémicas (...)”.

Para Orbea, con el plebiscito se buscó profundizar las metas del plan “Toda una Vida”, del cuidado ambiental y de fortalecer el sector de la construcción. “El tiempo develará si las cosas se hicieron bien”, argumentó.

Juan Pablo Mejía, arquitecto y urbanista, manifestó que la economía desde el aspecto de la construcción, se potenció con la consulta popular, ya que provocó la derogatoria de la denominada Ley de Plusvalía. (I)

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Transparencia y lucha contra la corrupción, de la mano

La transparencia y la lucha contra la corrupción han sido las banderas más fomentadas por el Ejecutivo. Esto, luego de evidenciar las irregularidades que se cometieron en el gobierno del expresidente Rafael Correa.

La Secretaría General de la Presidencia aseguró que la transparencia se manifiesta en la independencia de funciones, a nivel judicial y legislativo, principalmente.

“Hoy vivimos en un país pleno de oportunidades, de libertades y de independencia, abierto en términos de democracia”, indicó el secretario particular de Lenín Moreno, Juan Sebastián Roldán.

Para el constitucionalista Ángel Laso, la transparencia se evidencia todos los días ya que aparecen “a la carta” nuevos casos de corrupción. A pesar de los avances, Laso mencionó que las acciones en ese campo todavía no son “claras”.

El constitucionalista instó para que las acciones se profundicen a nivel judicial. “Una institución clave para ello es también el CPCCS-T, ya que tiene la facultad, por medio de concursos, de garantizar que vayan los mejores ecuatorianos a la función pública del país”.

Roldán aclaró que una garantía de transparencia fue la presentación de las cifras reales a nivel económico y de corrupción que dejó el correísmo. (I)

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Funcionarios aptos para el nuevo momento político

Las designaciones de Richard Martínez, José Valencia y Oswaldo Jarrín, como ministro de Finanzas, de Relaciones Exteriores y de Defensa Nacional, respectivamente, incidieron, según la politóloga Dolores Sánchez, en potenciar la reinstitucionalización del Estado, especialmente en la política económica, internacional y de defensa.

Esos tres ministerios están liderados -según ella- por tres personas con conocimientos y con la experticia en esos campos. Cuestionó que los tres sectores fueron manejados en la última década, de manera política y desechando el factor técnico, en beneficio del país.

Jarrín asumió la cartera de Defensa tras las críticas que recibió su antecesor Patricio Zambrano por el manejo del caso del asesinato y secuestro del equipo periodístico de El Comercio en la frontera norte.

En cambio, Martínez reemplazó el 14 de mayo a María Elsa Viteri, mientras que Valencia asumió el cargo el 8 de junio tras la renuncia de María Fernanda Espinosa, quien se convirtió en la nueva Presidenta de la Asamblea General de la ONU.

La politóloga considera que dentro de este ajuste, la renuncia de María A. Vicuña simboliza “el fin a un período de influencia de PAIS y de la representación más cercana al expresidente”. (I)