Durante su posesión simbólica, el prefecto del Guayas, Jimmy Jairala, anunció su plan de pedir una “contribución” para reconstruir las vías de segundo y tercer orden de la provincia. El funcionario, que no utilizó la palabra tasa, explicó que era una “mínima contribución que funciona bajo el principio de solidaridad tributaria”.

La medida, agregó, se socializará con los medios de comunicación y los 24 alcaldes, quienes conforman el Consejo Provincial, el cual debe aprobar la tasa en dos debates.

Si se aprueba esta tasa, Guayas sería la quinta provincia en recurrir a este tributo. Una medida similar ya tienen Tungurahua, Manabí, Los Ríos y Santo Domingo de los Tsáchilas.

La tasa está amparada en el artículo 184 del Código Orgánico de Ordenamiento Territorial, Autonomías y Desarrollo (Cootad), el cual estipula que “los gobiernos autónomos descentralizados podrán establecer una contribución especial por mejoramiento vial”.

Esa tasa, según la norma, será sobre “la base del valor de la matriculación vehicular, cuyos recursos serán invertidos en la competencia de vialidad de la respectiva circunscripción territorial”.

En una entrevista con ELTELÉGRAFO ofrecida el lunes pasado, Jairala explicó que la tasa dependería del valor del vehículo y sería cobrada por la Agencia Nacional de Tránsito. (ANT). De concretarse, esa entidad y la Prefectura firmarán un convenio porque la primera recaudará los fondos y los traspasará al gobierno provincial.

Jairala no detalló porcentajes, pero indicó que un vehículo de 15.000 dólares tributaría, al año, 15 dólares. Estarían exentos del cobro los carros de la policía, de bomberos, de cuerpo consular y el transporte urbano de Guayaquil.

La tasa, según los cálculos de la Prefectura, le permitiría recaudar 3 millones de dólares anuales. Pero Jairala ve el principal beneficio en el aumento del subsidio de los préstamos que ofrece el Banco del Estado (BEDE).

La administración de Jairala se ha comprometido a ampliar las principales vías de la provincia por lo que necesita financiamiento del BEDE, que tiene un programa de créditos subsidiados.

Jairala aclaró que aunque los conductores ya pagan por las vías concesionadas rige un principio de solidaridad, ya que los productos agrícolas salen de caminos vecinales.