La renuncia del fiscal encargado Paúl Pérez, la semana pasada, motivó que el pleno del Consejo Transitorio (CPCCST) acelerara la aprobación del reglamento para designar a la autoridad definitiva del Ministerio Público.

Sin embargo, aplazaron el anuncio para discutir esta semana la incorporación al reglamento de pruebas escritas, orales y de confianza.

La discusión se centró en el tipo de pruebas de confianza que se realizarían y en qué etapa del concurso.

El documento que están puliendo, al que tuvo acceso este Diario, señala en su artículo 41 que las pruebas de confianza las activará el pleno del CPCCST, previo a resolver sobre la lista de los 5 postulantes mejor puntuados que pasan a la etapa de impugnación ciudadana.

Los finalistas “deberán hacer las pruebas integrales de confianza, para lo cual el CPSCCT realizará las coordinaciones institucionales que correspondan”.

En caso de que el postulante no quiera someterse a las pruebas quedará automáticamente descalificado del proceso y se seguirá con el siguiente mejor puntuado.

Los cinco postulantes que superen la fase de impugnación ciudadana “deberán pasar satisfactoriamente las referidas pruebas”, señala el borrador del reglamento.

El presidente del Consejo Transitorio, Julio César Trujillo, dijo que propuso que los aspirantes vayan al polígrafo porque “es una máquina que establece si lo que se dice es verdad, lo que acreditará si el candidato reúne los requisitos para ser Fiscal, por eso estamos pidiendo asesoría de expertos en esta materia, para no cometer errores en la designación de un funcionario tan importante”.

Al respecto el secretario de la entidad, Darwin Seraquive, explicó que al momento estudian los mecanismos de aplicación de las pruebas.

“Se está discutiendo la posibilidad de incluir las pruebas de confianza, que es algo nuevo”, dijo. Aquello generó que la aprobación sea suspendida el viernes pasado.

“La prueba integral comprende 4 parámetros: un análisis económico de la persona, otro toxicológico, otro sicológico y el sometimiento al polígrafo”, aseveró.

El secretario comentó que precisamente el CPCCST está analizando la pertinencia de estas pruebas y que en caso de que se incluyan “procederemos a coordinar con las instituciones del Estado que tienen el instrumental técnico para hacerlo”.
Esto no extendería el tiempo para la selección, que está calculado para máximo 2 meses, “serán unos 3 días, que no afectarán el cronograma”. Sin embargo, este punto es el que ha generado diferencias al interior del organismo.

El consejero Xavier Zavala señaló que no está de acuerdo con la imposición de las pruebas anotadas.
Zavala dijo que esos tests son “degradantes para el postulante, las inhabilidades deben probarse dentro de las impugnaciones; el Consejo Transitorio no puede convertirse en comisaría y presumir que todos los postulantes tienen algún vicio, de eso no se trata”.

A cambio propuso la incorporación al reglamento de un examen escrito, además de la presentación oral de los cinco finalistas.
El reglamento incluyó esa propuesta en el artículo 34, donde señala que el examen tendrá una valoración de máximo 20 puntos y que su finalidad es que los consejeros conozcan el nivel de conocimiento de los postulantes.

El examen versará sobre temas de Derecho Constitucional, Derechos Humanos, Derecho Penal, Derecho Procesal Penal, Criminología y disciplinas afines.

Las preguntas serán elaboradas por una comisión de académicos designada por el pleno del Consejo y serán conocidas por los postulantes al momento del examen.

El reglamento señala que en la audiencia pública cada consejero asignará calificación de forma individual a cada uno de los postulantes, lo que se sumará el puntaje obtenido en el examen. La nota final de la fase de oposición será el resultado de la audiencia oral y el examen.

La fase oral, según el documento en análisis, consiste en una audiencia técnica penal de los postulantes. La comparecencia oral será valorada sobre 30 puntos.

En esta fase el pleno del CPCCST elegirá temas de relevancia técnica, académica y de aptitud, relacionados con las funciones de la Fiscalía, que serán sorteados el día de la comparecencia.

Para la determinación de los temas, lineamientos generales y determinación de conocimiento específico, los consejeros podrán solicitar el apoyo de la academia.

La publicación de los temas se efectuará quince días antes de la fijación de la comparecencia.

El académico Teodoro Barros, director de la escuela de fiscales desde el 2012 hasta el 2017, dijo que la aplicación de un riguroso proceso de selección con pruebas orales y escritas garantizará que el profesional más idóneo acceda al cargo, que en este último año ha tenido mucha inestabilidad.

Opinó que la audiencia oral siempre será subjetiva, por lo que se necesita mucho cuidado para que la calificación no sea discrecional, por eso, “para que haya más objetividad debería tener mayor puntaje la prueba escrita”.

El reglamento señala que para postularse las personas deben cumplir con los requisitos de ser ecuatoriano en goce de los derechos políticos; tener título reconocido de tercer nivel en Derecho y haber ejercido con probidad la profesión de abogado o docente (universitario) en materia penal por un lapso mínimo de 10 años. (I)