El pleno tratará mañana, en segundo debate, las reformas al Código de la Democracia. Más de un año le tomó a la Comisión de Justicia analizar el proyecto de ley, el cual tiene que ser aprobado doce meses antes de las elecciones, en este caso del 2021, tal como indica el artículo 177 de la Constitución.

En enero de 2018 el organismo legislativo presentó 10 reformas, las mismas que no fueron aprobadas puesto que se suspendió la sesión. En aquel entonces presidía la comisión Marcela Aguiñaga, de Revolución Ciudadana (RC).

La sesión se retomó en septiembre de este año, mes en el cual el Consejo Nacional Electoral (CNE) y el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) hicieron sus aportes para la reforma de la ley.

El TCE presentó 230 artículos, mientras que el CNE 11 que modificaban por lo menos el 75% de los artículos del Código.
Ximena Peña, de la bancada de Alianza PAIS (AP) y actual presidenta de la Comisión de Justicia, dijo que “la voluntad política de los legisladores es acoger hasta cinco propuestas de los organismo electorales”.

Señaló que los temas que serán parte del segundo debate son transparencia electoral, justicia electoral, límite y control del gasto electoral, paridad en las listas y eliminación de distritos.

Asimismo, la titular del organismo legislativo indicó que el total de los aportes será analizado cuando se presente como otro proyecto de reforma, que podría ser debatido el próximo año, posiblemente.

Para Peña es importante dialogar con el TCE, aunque aclara que su propuesta era extensa. Sin embargo, se analizará el tema sobre las competencias entre el CNE y TCE.

Sobre la eliminación de los distritos electorales añadió que hay un grupo de legisladores que promueve este proceso, pero duda de que al interior del pleno haya consenso.

El procesamiento del documento final de votación, que se realiza en acuerdo con todos los sectores políticos de la Asamblea, tomará de dos a tres semanas.

La legisladora dijo que según el cronograma de la comisión prevén que hasta el 30 de noviembre se apruebe la Reforma al Código de la Democracia.

Esteban Torres, legislador del Partido Social Cristiano (PSC), indicó que noviembre es un mes complicado para tratar las reformas al Código, puesto que se están debatiendo leyes urgentes como la de Crecimiento Económico, que es de carácter urgente y que debe ser aprobada en 30 días. Señaló que el pleno tiene que aprobar el presupuesto del Estado, este mes, además, el parlamentario indicó que “a finales del mes el Ejecutivo prevé enviar la reforma al Código Laboral”.

Para el parlamentario Héctor Muñoz, de SUMA, hubo un descuido con respecto al tratamiento del proyecto de ley para cumplir los plazos “el tratamiento de norma, en este mes, dependerá de la voluntad política”.

Franklin Samaniego, de la Revolución Ciudadana (RC), comentó que durante estos último meses la Comisión de Justicia no analizó todos los aportes enviados por el CNE y TCE, pues se centraron en las reforma y en el veto del Código Integral Penal (COIP).

Se requiere de las reformas

Luis Verdesoto, consejero del CNE, comentó que trabajó muy de cerca con los asambleístas y conoce que se analizarán cinco puntos de las aportes presentados.

Sin embargo, señaló que coincide en que se traten las reformas relativas al financiamiento electoral, puesto que este tema está relacionado con la corrupción electoral.

También mencionó que es importante tratar el voto disperso entre listas, es decir el cambio de método D’Hondt a Wesbter, pues cree que de esta manera se tendrá una representación más fortalecida.

“El cambio es necesario para tener un sistema proporcional, más integral. Pero la condición previa es reunificar a Pichincha, Guayas y Manabí como una circunscripción en cada provincias, eliminando las circunscripciones chicas en las mismas”.

Para el experto electoral Carlos Aguinaga, la reforma electoral está en medio del cálculo político de las bancadas más numerosas de la Asamblea.

“No tienen interés en las reformas, saben cómo manejar procesos electorales con la norma actual, ¿para qué cambiar?”, comentó.
El experto apunta a que hay intereses locales, refiriéndose a las provincias con circunscripciones que prefieren no analizar la reforma.

Insistió, además, en que el proyecto se encuentra bloqueado por falta de voluntad política. (I)