Los abogados del asambleísta de Pachakutik Cléver Jiménez, de Carlos Figueroa y Fernando Villavicencio, interpusieron una acción extraordinaria de protección en la Corte Constitucional (CC), por la condena a prisión por injurias.

Para los juristas, la resolución emitida por el Tribunal de la Corte Nacional de Justicia violó normas constitucionales del debido proceso, seguridad jurídica y principio de legalidad.

El caso surgió cuando Jiménez acusó al presidente Rafael Correa de, supuestamente, haber ordenado la incursión armada al Hospital de la Policía el 30 de septiembre de 2010 y fingir su secuestro.

El abogado del Primer Mandatario, Caupolicán Ochoa, explicó que para que se suspenda la ejecución de la pena se debe aplicar la remisión, la cual es una figura legal que faculta al ofendido a perdonar al ofensor. Como consecuencia, queda insubsistente la sentencia.

En cuanto a las medidas cautelares emitidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a favor de los sentenciados, Ochoa las califica como ilegítimas e inmorales.

Considera que el organismo no tiene esta facultad y contradice los preceptos constitucionales del Estado ecuatoriano.

Las autoridades rechazaron la decisión del organismo internacional. Una de ellas fue Carlos Ramírez, presidente de la Corte Nacional de Justicia, quien dijo que la CIDH no es un organismo jurisdiccional sino un comité consultivo, por lo que sus pronunciamientos no son vinculantes y “no tienen fuerza coercitiva”.

Ochoa dijo que la injuria se trata de un delito común y que fue juzgado y resuelto en sentencia ejecutoriada, lo que reafirma que se trata de una calumnia judicial.

Con este hecho, sostiene que pedir medidas cautelares es un despropósito y no existe ningún atentado contra la libertad de expresión. “Se está utilizando a este organismo internacional de manera perversa para conseguir la impunidad”, denunció.