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Pamela M. influyó en selección de la Corte 2012

Más de 600 abogados se inscribieron en el concurso para elegir a la Corte. Ellos dieron pruebas escritas.
Más de 600 abogados se inscribieron en el concurso para elegir a la Corte. Ellos dieron pruebas escritas.
Foto: Archivo / El Telégrafo
01 de agosto de 2019 - 00:00 - Redacción Política

Pamela M. tenía poder. Los correos que guardó su asistente, Laura T., revelan que ella informaba todo lo que pasaba en la justicia del país. Era los ojos y oídos del expresidente Rafael Correa.

No solo llevaba un control de los juicios que le interesaban a su jefe, sino que también supervisó la elección de los magistrados del máximo tribunal de justicia del país y gravitó en su conformación.

Esto ocurrió en el 2012. En ese año el país vivía la promesa de una renovación del sistema judicial. La tarea fue liderada por el Consejo de la Judicatura de Transición de Paulo Rodríguez, Fernando Yavar y Tania Arias.

Uno de los puntos más importantes de su labor era la conformación de la Corte Nacional de Justicia. Ellos organizaron un concurso público de méritos y oposición, con impugnaciones ciudadanas, para nombrar a los 21 jueces.

Un proceso supuestamente transparente. Sin embargo, los correos electrónicos que guardó Laura T. demuestran la influencia del Gobierno.

El 23 de enero de 2012, dos días antes de la posesión de los nuevos magistrados, Pamela M. recibió un email de Doris Gallardo, quien entonces era asesora de la Judicatura, pero antes trabajó en la Presidencia de la República y luego de unos años fue consejera de Participación Ciudadana hasta el 2018.  

Gallardo le escribió: “Pame y Danilo (...) les envió el informe solicitado. Hice un mapa de actores para que se pueda entender de mejor forma el funcionamiento”.

Ese informe es un detallado reporte de las acciones que cumplieron en el proceso de selección de los jueces. En su documento revela que el Ministerio Coordinador de la Política fue el encargado de “buscar e impulsar postulantes a la CNJ (Corte Nacional de Justicia). En total se receptaron 666 carpetas”, escribió.  

Gallardo también informó que el “Ministerio identificó a los postulantes que superaron la idoneidad”. Así  se redujo la lista a 365.
Adicionalmente, explicó, la cartera de la Política “se encargó de impulsar las impugnaciones ciudadanas”. Gallardo reporta la presentación de 132 impugnaciones a 95 candidatos.

Los filtros también se dieron desde el Consejo de la Judicatura, todo monitoreado por Pamela M. y también por la Secretaría de la Política, liderada para esa fecha por Betty Tola y Doris Soliz. Además, por el exsecretario jurídico de la Presidencia, Alexis M.

Este Diario llamó a los funcionarios mencionados en el documento, pero no quisieron pronunciarse sobre el tema. Tampoco el exvocal de la Judicatura, Fernando Yavar. Sin embargo, para Luis Muñoz, abogado de Laura T., los correos que guardó su cliente y que ahora están en poder de la Fiscalía no solo comprueban los presuntos sobornos para las campañas de Correa y Alianza PAIS, sino también la manipulación en la justicia.

Este criterio es compartido por el jurista Miguel Macías. Él señaló que en el Gobierno anterior “se instruía a los jueces no fallar en contra de ninguna institución del Estado ni de funcionarios allegados al régimen”.

“Esto, a nivel de país, nos hizo mucho daño”, indicó Macías, tras acotar que el Consejo de la Judicatura temporal de aquel entonces se prestó para “manejar a los jueces y meter la mano en la administración de justicia”.

Mientras que Hernán Ulloa, jurista, indicó que la injerencia del gobierno de Rafael Correa en la justicia afectó considerablemente el trabajo de este poder, el cual, “por su naturaleza, debe ser totalmente imparcial e independiente del poder político”.

Ulloa manifestó que anteriormente la designación de los jueces obedecía a consignas políticas. “Había una lista en la cual se rayaba con verde a las personas que serían elegidas, y con rojo a las que estaban relacionadas con algún otro movimiento”.

La propuesta de Pamela M. para conformar la Corte

Laura T. era precavida con la información que guardaba. En su correo de Hotmail archivó un correo que demuestra que la exasesora presidencial y su jefa, Pamela M., recomendaron cómo conformar la Corte Nacional de Justicia en enero del 2012.

El 25 de enero del 2012 guardó un correo que contiene cinco archivos adjuntos. El primero es una hoja con el título: “Orden de Emisión de Acciones de Personal y de Posesión”.

Luego escribió los nombres de todos los nuevos magistrados numerados del uno al 21 en columna y al final una frase que dice: “Propuesta Pamela M.”.

Los jueces que ganaron el concurso fueron posesionados el 26 de enero de 2012. Esa hoja enumera de esta manera a los jueces.  1. Carlos Ramírez, 2. Rocío Salgado, 3. Alfonso Granizo, 4. Tatiana Pérez, 5. Vicente Robalino, 6. Paulina Aguirre, 7. Wilson Andino, 8. Lucy Blacio, 9. Álvaro Ojeda, 10. Gladys Terán.

Los correos guardados por Laura T. son parte de la investigación por el caso Sobornos 2012-2016.  En ella se evidencia que la exasesora presidencial, Pamela M., no solo estuvo al tanto de la conformación de la Corte Nacional de Justicia, sino también que tenía un diálogo directo con las autoridades para proponer el orden de posesión que finalmente determinó la Presidencia subrogante del máximo tribunal de justicia del país.

La exjueza de la sala Penal de la Corte Nacional de Justicia, Gladys Terán, explicó que en ese orden se entregaron las acciones de personal y al mismo tiempo determinó la antigüedad de los jueces.

De esta manera se cumplía con lo que indica el artículo 198 del Código Orgánico de la Función Judicial: “En caso de impedimento o ausencia temporal (del Presidente de la Corte Nacional de Justicia)  le subrogará la jueza o juez más antiguo; de haber dos o más designados al mismo tiempo, lo será el primer nombrado”.

Esto llama la atención a Terán, pues los 21 jueces fueron nombrados al mismo tiempo, por eso ninguno tenía antigüedad en el cargo.

¿Quién determinó esa antigüedad? Terán hasta ahora no sabe. Pero cree que la prelación vino de la Judicatura de Transición, pues la lista no se hizo con base en el puntaje obtenido en el proceso de calificación, que era lo consecuente a su criterio. Tampoco fue hecho por orden alfabético, “nunca justificaron esa acción ni dieron explicaciones, solo apareció y así nos asignaron la antigüedad”, comentó Terán.  

La segunda en la lista era la jueza Salgado, madre del entonces ministro del Interior y actual legislador, José Serrano. Por disposición del Código Orgánico de la Función Judicial le correspondía a ella reemplazar al Presidente de la Corte, pero el cargo fue para Carlos Ramírez. Con ese orden se mantenía segura la Presidencia.  

No obstante, en la primera evaluación a los jueces de esa Corte, realizada en el 2014, Salgado obtuvo el menor puntaje, lo que motivó su salida de la función.

El exjuez nacional Jhony Ayluardo recordó que la judicatura indicó de manera informal que para efectos de registro de la antigüedad optaron por el orden alfabético de la provincia de origen de los magistrados. Por eso a Salgado le correspondió el número 2, por que provenía del Azuay. Pero esta explicación no es clara en otros casos como el de Mariana Yumbay, quien nació en Bolívar y fue colocada en el puesto 21.  

Ayluardo recalcó que a pesar de que se escogió a los jueces a través de concurso, siguieron las mismas prácticas y defectos. “El 75% de los jueces nombrados tenía más de 20 años en la Función Judicial y al ser elegidos replicaron las mismas actuaciones que venían efectuando”, comentó.

Pero hay otro dato que llama la atención del correo que guardó Laura T. Allí se lee que se anticipa la conformación de las salas de la Corte Nacional. Además, el cuarto archivo adjunto tenía los números de teléfono celular de todos los jueces que iban a ser posesionados al día siguiente.    

En el último documento se registran los nombres de los integrantes del comité de expertos que acompañaron el proceso de selección y sus números para contactarlos.

Luis Muñoz explicó que Laura T. entregó más de 23.000 correos a la Fiscalía General del Estado. Esta documentación es parte de la investigación del Ministerio Público por el caso sobornos 2012-2016, pero no se descarta que puedan emprenderse nuevas investigaciones penales. (I)

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