La Asamblea calificó como improcedente el pedido de la jueza de la Corte Nacional, Daniella Camacho, que solicitaba la autorización previa para iniciar el juicio penal contra el expresidente Rafael Correa; el exvicepresidente Jorge Glas, y la legisladora independiente, Viviana Bonilla.

Con esta resolución, la jueza Camacho deberá decidir si da paso a la audiencia de vinculación que solicitara la fiscal Diana Salazar, la semana pasada.

La decisión de la mayoría del Parlamento se tomó con base en los proyectos de resolución que fueron presentados por los asambleístas Eliseo Azuero y Raúl Tello, de la Bancada de Acción Democrática (BADI). Ambos coincidieron en que la Asamblea no debía pronunciarse sobre el pedido de la jueza.

Azuero abordó sobre los casos de los exmandatarios Correa y Glas. En su propuesta sostuvo que no ejercen las funciones de Presidente y Vicepresidente, respectivamente.

Por eso, no pueden acogerse al artículo 120, numeral 10, de la Constitución que establece que la Asamblea debe pronunciarse sobre la posibilidad de enjuiciar a los mandatarios.   

La mayoría de la Asamblea aprobó esta resolución con 78 afirmativos de 118 asambleístas presentes, 35 negativos, un blanco y cuatro abstenciones.

Franklin Samaniego, del bloque de la Revolución Ciudadana, criticó esta decisión. Para este legislador se pretende “sepultar políticamente a Correa y Glas, violando la presunción de inocencia y el debido proceso”.

El caso de la legisladora Bonilla fue distinto. La resolución presentada por Tello aseguraba que ella no ejercía las funciones de legisladora en el momento en que supuestamente se cometió el delito que es investigado en Fiscalía.

En el 2013 y 2014, ella era gobernadora de la provincia de Guayas. Luego fue designada como secretaría de la Política. Él manifestó que no se puede aplicar el artículo 128 de la Constitución porque es una excepción para los delitos propios de las funciones de los parlamentarios.

Bonilla no estuvo presente en la sesión. Pocas horas antes explicó que se encuentra con un permiso médico que fue presentado el pasado 16 de julio de 2019.

El asambleísta Juan Cárdenas, de la bancada de la Revolución Ciudadana, solicitó que Bonilla compareciera ante el pleno y ejerciera su derecho a la defensa, después de que regresara de su permiso médico. Sin embargo, esta propuesta no tuvo acogida.

Con 72 votos se decidió no pronunciarse sobre este pedido y dejar en manos de la jueza Camacho esa resolución. Eso fue ratificado por la legisladora Ximena Peña, de Alianza PAÍS. Ella explicó que la Asamblea declaró como improcedente los pedidos de la jueza Camacho y que le corresponde a la Corte Nacional continuar con el procedimiento.

Un criterio similar tuvo Silvia Salgado, también de la bancada de Alianza PAIS. “La jueza realiza el pedido con el fin de evitar que se alegue la falta de un requisito de procedibilidad con el proceso penal”, explicó la parlamentaria.

Está previsto que en las próximas horas la Asamblea notifique oficialmente su decisión a la jueza de la Corte Nacional, Daniella Camacho.

La investigación en el caso Sobornos 2012-2016 terminará el próximo 29 de septiembre de 2019. Esa fecha no puede ser postergada, incluso con la inclusión de los 22 nuevos acusados que presentó la Fiscalía General del Estado. (I)