Las personas que tengan obligaciones pendientes por el denominado Impuesto Verde podrán acceder a la remisión del 100% de intereses, multas y recargos.

Para ello se deberá remitir una solicitud al Servicio de Rentas Internas (SRI) hasta el 31 de diciembre de 2019. Además, los deudores tendrán facilidades de pago, entre ellas, cancelar cuotas en un período de tres años.

Esta es parte de la resolución tomada por la Asamblea Nacional el jueves en una prolongada sesión. Con 90 votos de 119 asambleístas presentes se aprobó la derogatoria del Impuesto Ambiental de Contaminación Vehicular o Impuesto Verde.

Este cuerpo legal fue tramitado por la Comisión de Desarrollo Económico y Productivo desde mayo de este año. Fabricio Villamar y Homero Castanier, legisladores de CREO, fueron los proponentes de la ley.

El tributo afecta a 2’200.000 ecuatorianos y la cartera vencida llega a $ 299 millones, de los cuales $ 47 millones son impuestos, dijeron los parlamentarios.

Castanier indicó que la ley de ocho artículos y una disposición final se unificó con la enviada por el Ejecutivo en el primer trimestre del año. “El impuesto golpeó a las familias ecuatorianas, desmejoró su capacidad adquisitiva. Y no mejoró la calidad del ambiente”, aclaró, al señalar que es en 2019 cuando se dispara el tributo porque no había descuentos.

La ley aprobada señala que las obligaciones vencidas e impagos, de este año 2019, mantendrán las mismas condiciones y beneficios de 2018, con el descuento del 50% al pago del tributo.

Se extinguen las obligaciones vencidas de 2012 a 2014, pues el Código Tributario dispone la prescripción de estos valores de hasta cinco años atrás.

Sobre la chatarrización, los deudores podrán acceder a este beneficio sin presentar el requisito previo del pago de obligaciones pendientes por el impuesto.

Esteban Albornoz, de Alianza PAIS y presidente de la Comisión de Desarrollo Económico, indicó que el 17% de la contaminación del sector transporte está gravado, mientras que el 83% de vehículos que contamina no gravan el tributo.

“En Ecuador se consume tres veces más que en Perú galones por persona y dos veces con relación a Colombia. Con el diésel consumimos 1,5 veces más per cápita que en los países nombrados”, dijo.

Para Guillermo Celi, de Suma, se hizo justicia para los ecuatorianos. “Pasaron siete años y el fondo del impuesto verde fue al presupuesto del Estado. Nada de esos recursos llegaron al Ministerio del Ambiente o a los municipios para mejorar el transporte público”, recordó.

Darío Paladines, vicepresidente de la asociación de afectados por el impuesto verde, comentó que su bandera de lucha fue la condonación y remisión de la duda. “Este impuesto recabó millones y no creó proyectos de remediación ambiental en ninguna parte del país”, dijo. Tampoco logró cambiar la conducta ciudadana amigable con el medio ambiente, reconocieron los legisladores.

Sin embargo, Paladines no está de acuerdo con la chatarrización, pues considera que significa “botar a la basura el patrimonio” y agregó que no es una obligación.

El afectado pidió que se condonen por lo menos el 70%, porque “es una deuda ilegal”. (I)

DETALLES
Ocho años de vigencia
Para Moreno, el tributo (vigente desde noviembre del año 2011) no cumplió con el objetivo de impulsar conductas sociales que sean ambientalmente responsables y que combatan el cambio climático.  

3 meses duró el análisis de la derogación del impuesto que busca reducir las emisiones vehiculares.

Tributo deja $ 779 millones  
El viceministro de Finanzas, Fabián Carrillo, manifestó que en los años que ha estado en vigencia el Impuesto Verde, el Estado recaudó unos $ 779 millones. (I)